Una dominicana a una red de prostitución a un edil del PP en Benidorm

Alida Batista Alcequiez, una dominicana de 33 años afincada en Benidorm, ha denunciado la existencia de una red de prostitución dedicada a la explotación de inmigrantes ilegales. En una querella judicial ratificada ayer, implica a Francisco Saval, concejal del PP en esa ciudad alicantina. Éste negó a este periódico cualquier vinculación suya con el supuesto grupo: "Se trata de un chantaje, un montaje y un ultraje propio de una mente calenturienta y despreciable". Según Batista, las víctimas de la organización son obligadas a vender sus cuerpos para obtener permisos de residencia y trabajo.Alida Batista ha presentado su querella ante el Juzgado número 6 de Benidorm por los presuntos delitos de prostitución, coacciones y falsedad en documento público. En el escrito figuran como acusados Francisco Saval Román, edil popular; su hermano, Juan, y María Cristina Camilo Almonte.

Según la denuncia, esa mujer caribeña llegó a finales de 1988 a España, país en el que permaneció de forma ilegal hasta el 19 de noviembre de 1991, cuando consiguió al fin permiso de residencia y trabajo por un año.

Justamente en el transcurso de ese plazo, siempre de acuerdo con su versión, tuvo conocimiento a través de otras mujeres de su misma nacionalidad de que una residente en Benidorm, a la que se conoce con el apodo de Sandra -al parecer, se trata de María Cristina Camilo-, podía conseguir las debidas autorizaciones.

La querellante asegura que Sandra le pidió la cantidad de 280.000 pesetas para iniciar los trámites para su legalización. En ese momento, aduce, le fue presentado Juan Saval, dueño de una asesoría en Benidorm, con el que presuntamente colaboraba su hermano, Francisco, concejal del PP.

Batista obtuvo el día citado el permiso para un año. Los querellados, alega, le pidieron entonces 50.000 pesetas mensuales para pagar con ellas la cotización relativa a la Seguridad Social. Como ella no disponía de recursos, fue inducida a dedicarse a la prostitución "como única posibilidad de obtener ingresos", según la denuncia, "bajo la amenaza de que, en el supuesto de fallar [en tal actividad], se le daría de baja y se le expulsaría de España".