El fiscal considera a los desertores del Golfo autores de un doble delito

El fiscal del Tribunal Militar Territorial Primero, capitán Rafael Alcalá, pidió ayer dobles penas para José Antonio Escalada y Manuel Blázquez, los dos marineros que en enero de 1991 desertaron de las corbetas Infanta Elena y Vencedora, poco antes de que zarparan hacia el Golfo. El fiscal alegó la "alarma social" que produjo su comportamiento y solicitó tres años y ocho meses de cárcel para cada uno de los acusados, a los que imputa dos delitos de deserción y no uno. La pena máxima prevista es de dos años por cada delito. En opinión de los defensores, esto constituye una forma ilegal de castigar el mismo hecho por partida doble.

Escalada y Blázquez, de 22 años, naturales de Torrelavega (Cantabria) y Barcelona, demostraron ante el tribunal que no tenían vocación de insumisos, que eran dos marineros como los demás, "que no destacaban ni por lo bueno ni por lo malo", en palabras de uno de sus mandos, y que sólo las circunstancias les llevaron a sentarse en el banquillo. Escalada no tuvo ni siquiera empacho en reconocer que desertó el mismo día en que le comunicaron que no se libraría de la mili por una alergia, como era su pretensión. "Hubiera sido una salida más fácil", admitió.La sede de los servicios generales de la Armada en Cartagena, a donde se trasladaron desde Madrid los jueces militares, fue escenario de cuatro juicios sucesivos con los mismos protagonistas. No sólo se les acusó de haber huido de las corbetas para eludir la misión en el Golfo, sino también de no haberse reincorporado a filas cuando fueron puestos en libertad provisional el 3 de julio de 1991, tras pasar tres meses en el penal militar de Cartagena.

Los dos jóvenes vivieron más de un año en la clandestinidad hasta que, en agosto de 1992, el Tribunal Constitucional ordenó levantar la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre ellos.

"No son bichos raros. Es de sobra conocido que el 90% de los jóvenes españoles rechaza el servicio militar obligatorio. Resulta anacrónico estar en esta sala pidiendo cuatro años para estos chicos cuando de aquí a dos días se va a acabar la mil¡", dijo Montse Moranda, presidenta de la asociación catalana Información para la Defensa del Soldado, quien con su desparpajo consiguió arrancar la sonrisa al tribunal.También motivó el único incidente, cuando un hombre maduro fue expulsado de la sala por gritar "es mentira" después de que la testigo asegurara que muchos padres de marineros fueron avisados de la salida de los buques después de que zarparan.

Los juicios se iniciaron con una hora de retraso y debieron interrumpirse durante otros 25 minutos debido a que la policía impidió el paso a gran parte de la veintena de familiares, amigos y simpatizantes de los desertores. La policía, dando muestras de un nerviosismo injustificado, cortó el paso de la calle donde estaba la sede del tribunal y los agentes, tras desprenderse de las placas identificativas, la emprendieron a empujones con los antimilitaristas. Sólo la intervención del presidente de la sala, el comandante Antonio Lozano, logró que se permitiera el acceso del público al local de la vista.

Manuel Blázquez declaró haber sentido "pánico, más que temor" cuando supo que su corbeta zarparía hacia el Golfo, recién iniciados los bombardeos sobre Bagdad, y su abogado, José Luis Mazón, intentó convertir ese miedo, ilustrado por la realización de ejercicios de autoprotección frente a los ataques con armas químicas, en base de un estado de necesidad que le eximiria de responsabilidad penal.

Con el mismo objetivo, el defensor arrojó dudas sobre el propio estado mental de su cliente, al cuestionar el informe del perito militar, el único permitido por la ley procesal castrense, quien admitió que durante el reconocimiento médico al joven no consideró necesario librarle de las esposas "porque no lo pidió".