La reputación es planta delicada
¿Qué sucede cuando un periódico publica que alguien ha comprado y vendido acciones y que ha hecho un determinado negocio y resulta que esa persona ni ha comprado ni ha vendido ni ha hecho negocio?Sucede que esa persona tiene derecho a que el periódico rectifique y que los lectores tienen derecho a que se les explique por qué o cómo se ha cometido el error. Esto es aplicable a EL PAÍS y a cualquier diario no sensacionalista del mundo. Este periódico encomienda la tarea a la Defensora del Lector, pero si no existiera, el compromiso ético seguiría siendo el mismo. Vayamos a dos casos concretos.
EL PAÍS publicó el día 23 en la página 50 (sección de Economía) una amplia información titulada Directivos y empleados de Agromán ganaron 5.000 millones con la compraventa de acciones de la empresa. Entre los directivos que se beneficiaron con esa operación se enumeraba "a todos los miembros del consejo", incluido Julián Coca.
El mismo día en que se publicó la noticia, Julián Coca envió una carta a la Defensora del Lector asegurando que ningún redactor de este periódico se había puesto en contacto con él para corroborar la información y que ésta era falsa en lo que le concernía.
Coca explicaba: "Fuí nombrado consejero de dicha sociedad el día 28 de junio de 1989, sin haber tenido previamente la menor vinculación con la misma; y soy propietario de 57 acciones de Agromán, con un valor actual de 46.626 pesetas, que fueron compradas directamente en Bolsa, siendo el de 50 el número mínimo requerido por los estatutos sociales para ser consejero, y nunca he vendido una sola acción de dicha empresa".
Este departamento comprobó que nadie se había puesto en contacto con el interesado y pidió al redactor que elaboró dicha información, Sebastián Tobarra, que les explicara a ustedes lo que había sucedido.
He aquí su respuesta: "Fue la, dirección de Agromán quien me indicó que el consejo en pleno compró acciones, porque (son las palabras de la fuente), 'los incluimos como directivos en esta operación".
"El problema", explica el redactor, "es que, en la memoria correspondiente al ejercicio de 1989, don Julián Coca figura como consejero, sin que se especifique que su entrada en el consejo se produjo a mitad del ejercicio, por lo que di por supuesto que era consejero en el momento de realizarse la compraventa de acciones".
"Dando por buena la información de la dirección", prosigue Tobarra, "sólo me pareció necesario contactar con el consejero Marcelino Oreja, para evitar que se pudiera relacionar mi información con su reciente nombramiento como comisario ante la Comisión Europea". (Oreja explicó al redactor que compró acciones, pero que no las vendió hasta 1993, cuando su valor ya había caído en picado. Así se reflejaba en la información publicada).
Queda claro, pues, cuáles fueron los pasos que dio el redactor y por qué no consideró necesario corroborar la información con todos y cada uno de los interesados. Queda también claro que los datos que recibió y publicó procedían de una fuente solvente, pero que eran incorrectos en lo que al señor Coca se refieren.
Segundo caso. En el suplemento El País Domingo del 8, de mayo, página 3, se decía que "De la Concha llegó a gestionar el patrimonio de tres directores generales [del Banco de España]" y se menciona entre ellos a Raimundo Ortega.
El interesado envió dos cartas de rectificación, que fueron publicadas, explicando que su única relación con el despacho de De la Concha "se remonta a junio de 1971 y consistió en. la compra de cinco acciones de Alianza Editorial por un importe de 50.750 pesetas".
Ortega adjuntó fotocopia de la póliza correspondiente y comentó: "Me parece evidente que en modo alguno esa operación puede calificarse como gestión de patrimonio".
Javier Ayuso, autor del reportaje y redactor jefe de la edición del domingo de EL PAÍS, envía a la Defensora del Lector una nota en la que reconoce que no se expresó bien a la hora de explicar las cuentas de Raimundo Ortega y Ángel Madroñero, ambos directores generales del Banco de España.
"Aunque el reportaje se refería a distintos tipos de clientes en el despacho de Manuel de la Concha y a la utilización que hizo el agente de estos personajes públicos", señala Ayuso, "decía que De la Concha gestionaba el patrimonio de ambos, cuando en realidad tan sólo había actuado de agente de una operación bursátil de cada uno. Realmente no fui lo suficientemente preciso en la aclaración, como expliqué personalmente a ambos a los pocos días de publicarse el reportaje".
Como la reputación de las personas (es decir, el juicio que tienen los demás sobre su moralidad) es planta delicada que no conviene zarandear sin motivo, procede pedir disculpas a los interesados y a los lectores del periódico en general.
