La Administración pone teléfonos de monedas para los funcionarios
Los funcionarios no podrán hacer un uso generoso del teléfono a costa del bolsillo del contribuyente. Llamar a la familia, a las amistades o al pariente del extranjero se va a poner más difícil o va a exigir que los servidores públicos hagan lo que el resto de los mortales: introducir monedas. El plan de recorte de gastos de la Administración incluye medidas habituales en las empresas privadas, como la instalación de limitadores en los teléfonos para discriminar el tipo de llamadas desde cada aparato.
El ajuste económico que la Administración del Estado se ha visto obligada a aplicar internamente se va a traducir pronto en aspectos tan simples como las llamadas de teléfono o el material de trabajo de los funcionarios, según fuentes de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas. Este extremo culmina la cadena de reducción de los gastos de funcionamiento de la Administración (alquileres, edificios, teléfonos, embajadas) apuntada en los presupuestos generales del año en curso.Estas medidas de austeridad han conseguido ya, según fuentes oficiales, reducir los gastos citados a 200.000 millones de pesetas. Mientras, los sueldos de los funcionarios se mantienen congelados.
En esta línea se inscribe la disminución de los gastos de representación. De los 3.000 millones de pesetas disponibles en ejercicios anteriores para este capítulo, se ha pasado a 1.600 millones. Con este presupuesto han de cubrirse recepciones, gastos de visitas y fiestas oficiales a celebrar a lo largo de todo el año.
El ajuste presupuestario no acaba ahí. El Ministerio para las Administraciones Públicas, cuyo titular es Jerónimo Saavedra, va a instalar en las plantas de sus edificios teléfonos de monedas para que los funcionarios hagan uso de ellos en sus llamadas particulares. El uso de los teléfonos de mesa se restringirá a las llamadas internas.
Unos pocos aparatos permitirán llamadas a otros departamentos de la propia Administración; los menos tendrán acceso a llamadas dentro de la ciudad, y así sucesivamente hasta reducirse a las cúpulas ejecutivas el libre acceso a todo tipo de llamadas desde los aparatos telefónicos cuyo recibo mensual paga el contribuyente.
Hace unos años hubiera sido imposible implantar estas restricciones. Ahora, el proceso de modernización introducido por la propia Administración en la gestión de sus recursos, como la aplicación de la informática o la instalación de teléfonos con tecnología capaz de seleccionar el destino de las llamadas, hace posible mayores controles y una gestión más ajustada de los gastos.
Menos publicaciones
Alquileres de edificios, viajes o inversiones en informática tampoco van a escapar a "los apretones del cinturón". El que va a llevarla peor parte es el capítulo de las publicaciones. El año pasado, antes de la disolución anticipada del Parlamento, el Ministerio de Relaciones con las Cortes publicó un decreto por el cual se imponía una seria dieta a los departamentos de publicaciones de los ministerios.
Pero se quedó corto. En breve, el Ministerio de la Presidencia, heredero de estas competencias, sacará otro decreto mucho más restrictivo que aquél, hasta el punto de reducir un 33% el presupuesto para 1993.
Cualquiera que pretenda conseguir un Nipo (acrónimo en la jerga administrativa del número que identifica una publicación oficial autorizada) de la Administración del Estado lo va a tener difícil. Será mejor que desvíe su vocación editora a las administraciones autónomas o municipales, donde los controles para la financiación de impresos ajenos son muchos más relajados.
