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La fiscalía admite que no controla las retenciones hechas con la 'ley Corcuera'

Los fiscales no están controlando la forma en que la policía y la Guardia Civil están efectuando las retenciones de personas, a efectos de identificación, que consagra la ley Corcuera. Así lo reconoció ayer el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, en la comisión de Justicia e Interior del Congreso. Éste enfatizó la "especial importancia" que tiene el asunto y anunció que en breve habrá fiscales que se dediquen en exclusiva a hacer un seguimiento exhaustivo de la actuación de las fuerzas de seguridad en este asunto.

Hernández compareció para responder a una pregunta del diputado del PP Federico Trillo, quien criticó que sólo el 4% de las 19.894 identificaciones realizadas por la policía culminaron en la detención del sospechoso. Pero fue Diego López Garrido, de IU, quien exigió mayores explicaciones sobre la ley Corcuera.Según el fiscal general, la policía y la Guardia Civil están cumpliendo lo estipulado en la ley Corcuera respecto a comunicar las retenciones que realizan al amparo de esta norma. "Pero es cierto que los fiscales no depuran exactamente si realmente ha habido una actuación correcta con arreglo a la ley", reconoció, antes de disculpar esta deficiencia porque "es materialmente muy difícil" hacerlo.

"Es imposible dedicar a un fiscal que se encargue exclusivamente de fiscalizar si la actuación [policial] ha sido correcta", dijo. Eso se debe a que los fiscales únicamente tienen conocimiento de los extractos que les envían la policía o la Guardia Civil con el nombre de las personas retenidas. Y con esto "no tienen elementos objetivos suficientes para depurar la actuación de la policía judicial", aceptó.

Sin mecanismos de control

En las identificaciones que no culminan con la detención del sospechoso, son los fiscales los únicos que pueden dar fe de la correcta actuación policial, pero todavía no se han articulado los medios para hacerlo."Soy consciente de que no podemos quedarnos en la mera formalidad de que se comunique por telegrama al ministerio fiscal la retención. Tenemos que hacer algo más. Yo reconozco que ahí hay una deficiencia. Tiene que haber una especial dedicación -que lo merece- a ese artículo de la ley de Seguridad Ciudadana", confesó el fiscal general. Éste se exculpó alegando que todavía no había dado ninguna instrucción al respecto por estar a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley Corcuera.

Ha habido alguna fiscalía, como la de Barcelona, que ya ha dado una circular sobre el tema, mientras la fiscalía del Estado "dictará una instrucción para dar uniformidad al cumplimiento de la obligación de la policía respecto a dar cuenta".

También aseguró Hernández que los fiscales están ya revisando "todas las causas" penales abiertas contra las personas que fueron detenidas en registros domiciliarios efectuados al amparo del artículo 21.2 de la ley Corcuera, que fue anulado hace tres meses por el Tribunal Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de febrero de 1994

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