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La casa de las cuentas

El nuevo Registro Mercantil dispone del sistema de depósito de cuentas más moderno de Europa.

El Registro Mercantil de Madrid inauguró. oficialmente hace un mes su nueva sede -un edificio de alquiler en el número 44 del paseo de la Castellana- con el orgullo del españolito que despierta envidia en Europa. Su antigua casa -en la calle del Príncipe de Vergara- se quedaba pequeña. A pesar de que no reciben un duro de los Presupuestos Generales del Estado (se financian sólo con lo que cobran al usuario y las tarifas son las mismas desde 1973), disponen, según sus responsables, del sistema más moderno de depósito de cuentas del continente.Mientras que los franceses y los alemanes todavía microfilman los originales de los documentos que depositan las compañías, en Madrid un escáner lee las cuentas que presentan las 60.000 empresas vivas que existen en la región y envía los datos a un soporte informático.

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El representante de los 17 registradores de la capital, José María Rodríguez Barrocal, no quiere ni pensar en lo que ha costado ese sistema y prefiere calcular sólo lo poco que tarda en procesar la información, que él califica de "fresquisima".

Las máquinas del registro no alcanzan, sin embargo, la velocidad que les gustaría a los clientes. María Teresa, de 18 años, pisa las oficinas con mucha frecuencia porque trabaja en una gestoría. Le parece "un poco lento" el funcionamiento del registro mercantil porque a veces tardan 10 días en preparar la información que solicita.

Capitales y quiebras

El registro puede aportar toda la documentación pública sobre las empresas: a qué se dedica, quiénes son sus dueños, su domicilio social, el capital de que dispone, si éste se ha ampliado o reducido y las cuentas de resultados. En sus papeles consta también si han suspendido pagos o han quebrado.Rodríguez Barrocal admite que no siempre el usuario sale contento de sus dependencias, pero espera que pronto pueda instalar pantallas de ordenador para que los visitantes puedan acceder ellos mismos a esos datos. "Desde un teclado público se tendrá acceso a información básica", explica. Pero eso todavía tendrá que esperar.

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De momento, los empleados (unos 150) compensan las esperas con un trato exquisito. Al menos ésa es la opinión de lldefonso Tutor. En sus 60 años de vida no, había acudido jamás al registro. El lunes pasado tuvo que guardar la cola tres cuartos de hora. "Eso sí, estas muchachas trabajan muy bien, sobre todo esta morenita", dice.

Se refiere a la eficiente empleada (uniformada en azul marino, como todos los que atienden al público) que siempre sabe encontrar los papeles en una montaña de carpetas y busca la manera de suavizar cualquier enfado. Jamás sale de su boca un "vuelva usted mañana": "Déjame un teléfono a ver si te lo consigo para el jueves, ese tomo debe` de estar arriba", explica. Esos gruesos volúmenes -son cientos- se guardan en una enorme sala del primer piso.

Los ordenadores no pueden eliminar los tomos y las cajas llenas de números. "En un soporte infórmático se puede modificar un dato sin que quede rastro", explica el registrador, "pero en papel siempre se dejan huellas". Cualquier precaución es poca, porque la información que ellos manejan. y ponen a disposición de cualquiera que la solicite puede servir para hacer la pascua a una empresa.

Rodríguez Barrocal comenta con gran sutileza la polémica venta de información mercantil a la editora del diario Egin por parte de una empresa dedicada a ese tipo de trabajos. "Evidentemente, nunca puedes adivinar si una información va a servir para extorsionar a un empresario, a veces tampoco sabes a ciencia cierta quién la compra", añade.

En 1990 entró en vigor la nueva Ley de Sociedades Anónimas, que adaptó la legislación española a la comunitaria, y el nuevo Reglamento del Registro Mercantil. Para los registradores se abrió una nueva época: había que editar un boletín oficial del registro (lo consiguieron en un mes) , asumir la legalización de los libros contables de las empresas y el depósito de sus cuentas. Hasta ese momento, las sociedades no tenían obligación de hacer públicos sus resultados. Para Rodríguez Barrocal se trata de un salto esencial en la democratización económica de España.

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