Un juicio mal organizado
El MINISTERIO de Justicia, entonces encabezado por Fernando Ledesma, abrió toda una época con la minuciosa organización del juicio de la colza: una sala de vistas acondicionada para acoger a afectados y familiares, servicio médico para cuidar de los enfermos del síndrome tóxico que desearan acudir, sistema de grabación en vídeo de todas las sesiones, permisos para que las cámaras de televisión estuvieran presentes en todo momento, un departamento para los periodistas con monitores y servicios de transmisiones... Aquella vista oral duró cerca de un año, y constituyó el mayor proceso de la historia judicial española, tanto por el número de acusados como el de testigos y, desgraciadamente, por la gran cantidad de perjudicados que consumieron aquel aceite letal.Parecía que desde entonces todos los juicios de gran trascendencia social iban a encontrar un adecuada respuesta de la Administración. Y así ha ocurrido en otros casos posteriores, como en el de la Operación Mago, que ahora se celebra. Pero el proceso sobre el incendio en la discoteca Alcalá 20, que ha comenzado en la Audiencia de Madrid, quiebra claramente esta línea. Los responsables del Ministerio de Justicia no han sido tan sensibles ante un caso que provocó en su día el abatimiento, la alarma y la indignación de los madrileños. Deberían haber previsto que una sala de audiencia, en la que apenas caben apretadas 120 personas, no podría acoger a los familiares directos de todas las víctimas (81 fallecidos y una veintena de heridos graves) y mucho menos a los amigos y al público en general interesado por el caso. Si se pretendía con ello desanimar a los teóricos. asistentes, el objetivo se ha conseguido: muchos han preferido quedarse en casa si la alternativa era la calle. Ni siquiera han acudido los estudiantes de derecho. Ni se ha permitido que las cámaras grabaran íntegramente la sesión.
De esta forma no se ha facilitado, ciertamente, la publicidad que es esencial a la administración de justicia. Más bien se ha obstaculizado. Lo cual debería tenerse en cuenta, pero para corregirlo, en aquellos procesos con fuerte repercusión social a los que cada vez más tiene que hacer frente la justicia madrileña: en la sanidad, en el consumo, en la compra-venta masiva de servicios, en las formas de multipropiedad... Los tribunales de Madrid deberían, por ello, estar dotados de una infraestrutura para este tipo de procesos y no andar a salto de mata.
El caso de Alcalá 20 era merecedor de la mayor publicidad: se trata de la seguridad de las salidas de emergencia en los locales a los que acuden masivamemte los ciudadanos. Muchos propietarios de establecimientos siguen empeñados en olvidar la dolorosa enseñanza de aquel suceso. De ahí la conveniencia de que, también ellos, se hubieran enterado de lo que se dice dentro de la sala de audiencias.
