PP y Junta de Andalucía advierten que hay que contar con ellos para negociar cesiones del IRPF

El Partido Popular lanzó ayer una seria advertencia al Gobierno para que no haga concesiones a los nacionalistas catalanes sobre la cesión del 15% del IRPF sin el visto bueno de las demás comunidades. Mariano, Rajoy, vicesecretario general del PP, anunció que los populares se opondrán a "cualquier cambalache" en ese terreno. Las reticencias del PP son compartidas por los gobernantes socialistas de Andalucía, que exigen una negociación global sobre la corresponsabilidad fiscal, la nivelación de servicios públicos y la financiación de las competencias transferidas sobre Sanidad.

A las 24 horas de que el Gobierno confirmase la entrevista de mañana entre el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, envió públicamente un aviso al Gabinete: "Que las cosas que se hagan respondan a un interés general, y no que por intereses del PSOE se beneficie a unos en detrimento de otros".El primer partido de la oposición no aceptará, afirmó Rajoy, una cesión del 15% del IRPF si se hace "a palo seco", porque debe ir acompañada, según el PP, de otras decisiones que hagan efectiva la solidaridad entre las regiones. Rajoy recordó ayer al Gobierno que debe cumplir el pacto autonómico suscrito con el Partido Popular, que prevé la cesión del Inserso a las comunidades autónomas reguladas por el artículo 143 de la Constitución.

El consejero de Economía de la Junta de Andalucía, el socialista Jaime Montaner, hizo un planteamiento muy parecido. Éste sostuvo, en una entrevista concedida a Efe, que "la corresponsabilidad fiscal, la nivelación de servicios públicos fundamentales y la financiación de la sanidad no deben abordarse independientemente, porque ninguna debe prevalecer sobre la otra".

Montaner criticó a los nacionalistas catalanes al expresar su sorpresa porque "algunos políticos que renuncian y desprecian" la corresponsabilidad política "aboguen por la corresponsabilidad fiscal, y sólo desde la vertiente de la recaudación y no de la aportación solidaria".

Fuentes de CiU indicaron ayer que el borrador de los Presupuestos para 1994 que esperan recibir del Gobierno la semana próxima será discutido en la comisión PSOE-CiU creada antes del verano y que se reunirá en un fecha aún no establecida a principios de septiembre, informa .

Junto a la reducción del déficit, CiU quiere ayudas a las empresas mediante desgravaciones y exenciones fiscales a la inversión y a los beneficios reinvertidos.

Un portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) se quejó ayer de que el Gobierno no, le haya informado de los preparativos de los Presupuestos Generales del Estado para 1994, y advirtió que el apoyo del PNY a ese proyecto de ley dependerá de que refleje o no una rectificación de la política económica. El grupo parlamentario vasco reclamará al Gobierno, en las conversaciones que mantendrá la semana próxima, una reducción en los gastos, el incremento de las inversiones en infraestructura y la reforma de la Administración, informa Aurora Intxausti.

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, se mostró contrarió a una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. "No se deben favorecer enfrentamientos entre el PSOE y los nacionalismos, pero lo que tampoco podemos hacer los socialistas para entendernos con PNY y CiU es superarlos en sus planteamientos nacionalistas. Antes de reducir las prestaciones sociales tenemos que luchar por todos los medios contra los procedimientos de defraudación", declaró en una entrevista con Europa Press.

Bono agregó que el fraude existente en el desempleo resta autoridad moral a los socialistas para luchar contra el déficit. "No puede ser que quien está activo cobre como inactivo, y que quien no quiere trabajar cobre por no querer trabajar. Del mismo modo, quien quiera trabajar debe tener la ayuda del Estado para conseguir empleo y, si no lo consigue, percibir un subsidio".

Por su parte, el presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, anunció ayer que pedirá al ministro para las Administraciones Públicas, en la entrevista que mantendrán el martes, la extensión a todas las autonomías del derecho a disolver el Parlamento regional y convocar elecciones, informa Jesús Delgado. Hormaechea indicó que no se opondrá a la cesión del IRPF a otras regiones si Cantabria no sale perjudicada.