Senadores y diputados franceses aprueban en Versalles una pequeña reforma constitucional

Un total de 896 senadores y diputados aprobaron ayer en Versalles una reforma de la Constitución francesa solicitada, el pasado 30 de noviembre, por el presidente Mitterrand. El primer ministro, el centroderechista Edouard Balladur, intervino ayer en defensa del proyecto.Sólo algunos parlamentarios comunistas votaron contra un proyecto, calificado de "reformita", que es fruto de la voluntad de corregir el descrédito que afecta a la clase política y a los más altos escalafones de la justicia, a raíz del descubrimiento de irregularidades en el sistema de financiación de los partidos, de la votación de la ley de autoamnistía de los mismos y del escándalo de la sangre contaminada.

Dos son los artículos reformados. En el caso del 65, el cambio hace que, a partir de ahora, el Consejo Superior de la Magistratura deje de estar integrado por nueve miembros nombrados por el presidente de la República, que también lo es de esta instancia jurídica -equivalente al Consejo Superior del Poder Judicial en España-, y que elige a quienes van a formar parte del Tribunal Supremo o del de Apelación. El nuevo artículo busca un equilibrio entre el poder político y el corporativismo judicial. Los propios magistrados elegirán a parte de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, mientras que la otra parte la nombrarán los presidentes de la República, Senado y Asamblea Nacional entre personalidades "que no pertenezcan ni al Parlamento ni al orden judicial".

El otro artículo modificado es el 68, en el que se decía que "los miembros del Gobierno son responsables de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y que sean calificados de crímenes y delitos en el momento de ser cometidos". Pero esa responsabilidad sólo podía juzgarla la Haute Cour, una alta corte que, desde su creación, nunca ha llegado a constituirse, tan complejo era el procedimiento.

En realidad el artículo 68 garantizaba la impunidad jurídica de los ministros en cuanto tales. Esa impunidad, en principio protectora, es la que acabó volviéndose contra Laurent Fabius, primer ministro socialista, en el escándalo de la sangre contaminada. Fabius quería ser juzgado para poder demostrar que había actuado correctamente, pero sólo lo podía ser por la Haute Cour, que reclama una imposible mayoría absoluta de las dos Asambleas para constituirse al fin en tribunal corporativo.

La nueva redacción crea un Tribunal de Justicia de la República, integrado por tres magistrados del Supremo, que actuarán como instructores, y 12 parlamentarios. Cualquier ciudadano puede recurrir a la nueva Corte y querellarse contra un ministro. Esa vía es la que se prevé sea utilizada ahora por las asociaciones de hemofílicos contaminados de sida y que siempre han defendido que Fabius y los ministros Hervé y Dufoix eran culpables de "homicidio, involuntario". Fabius, que quiso desligar su destino del de sus ex ministros, que pretendió presentarse primero ante un tribunal de honor, luego ante la Haute Cour y después ante un tribunal ordinario, lo que era inviable, dio una pésima imagen del poder socialista.