Las cuentas claras

Partidos políticos y financiación.Todos quieren transparencia y fiscalización de las cuentas. Pero no coinciden en los modos de financiación deseables. Mientras que el PSOE prohibe las donaciones de particulares si se realizan con publicidad, el PP y los nacionalistas vascos y catalanes apoyan la liberalización de las donaciones privadas, con desgravación fiscal incluida hasta una determinada cantidad. IU se desmarca de esta tendencia y aboga por una financiación mayoritariamente pública y por la posibilidad de decomisar los bienes obtenidos mediante prácticas corruptas.PSOE.La actividad interna de los partidos se regulará por ley. Prohibición de las donaciones económicas a los partidos que sean realizadas por personas jurídicas y entidades. Las donaciones realizadas por personas físicas estarán sujetas a un determinado límite, deberán ser hechas públicas y podrán ser desgravadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Registro público de contratos, que detalle todos los que se realicen con la Administración Pública. Refuerzo de las inspecciones realizadas por el Banco de España. Los partidos estarán obligados a comunicar al Tribunal de Cuentas sus operaciones de crédito y tesorería y no podrán dedicarse a actividades con ánimo de lucro.

PP. Liberalización, con un límite, de las contribuciones privadas a los partidos, que deberán dar cuenta de sus ingresos y gastos. Liberalización de la publicidad política en todas las televisiones. El interventor general del Estado fiscalizará las subvenciones públicas. Auditoría externa de los balances de los partidos antes de que sean presentados al Tribunal de Cuentas. Las subvenciones públicas a los partidos se limitarán al 60% de sus presupuestos. Desgravación fiscal de las cuotas de los afiliados, así como de otras donaciones privadas hasta una determinada cuantía Control rígido de los contratos que realiza el Estado. Reforma de la Intervención General del Estado garantizando su autonomía funcional.

IU. Comisiones de investigación en las instituciones. Expropiación de los bienes que sean adquiridos mediante prácticas de corrupción. Desarrollo exhaustivo de las incompatibilidades. Propuesta de un pacto por la ética y contra la corrupción. Reforma de la ley de financiación de los partidos y creación de una comisión permanente de investigación de los mismos. Todos los cargos electos tendrán la obligación de declarar anualmente sus bienes patrimoniales. El incumplimiento de esa obligación supondrá la pérdida del cargo. Reformas y desarrollos legislativos en materias como compra de bienes, contrataciones de personal, actuaciones urbanísticas y contratos de obras y servicios.

CDS. Propuesta de una ley anticorrupción basada en la auditoría de las finanzas de los partidos. Establecimiento de una Agencia Estatal contra la Corrupción, cuya jurisdicción se extienda a todo el territorio nacional. Reforma de la leer de Financiación de los Partidos Políticos, que prohíbalas donaciones en dinero o en especie hechas por sociedades anónimas. Regulación de los grupos de presión y censo de todas las personas que tienen relación con los parlamentarios en cuestiones propias de su actividad. Ampliacion de las competencias de la Intervención General del Estado. Plan contable para partidos políticos y obligación de auditorias externas. Ampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas.

CiU. Reforma de la ley de Financiación de los Partidos Políticos para introducir un régimen fiscal específico para las aportaciones privadas, que podrán desgravar. Evitar los transfugismos. Mayor control de la financiación electoral. Auditoría oda tres añosa las cuentas de las administraciones públicas. Ampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas.

PNV. Elaborar una nueva ley que agrupe toda la normativa dispersa sobre la constitución y funcionamiento de los partidos políticos, por un lado, y sobre su financiación, por otro. Reforma de la ley Orgánica del Régimen Electoral para lograr una reducción de los gastos electorales. Regulación de las aportaciones privadas a los partidos, que podrán desgravar, a través del establecimiento de un régimen fiscal específico. Función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas para controlar el cumplimiento del principio de legalidad por las fuerzas políticas. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que prevea un cumplimiento estricto de los principios de publicidad, mérito y capacidad al contratar con las mismas.