Los 13 árbitros de la contienda

El censo de votantes y el respeto al pluralismo político y a la igualdad de las fuerzas contendientes en la campaña electoral son las principales preocupaciones de los ocho magistrados del Tribunal Supremo y los cinco catedráticos que integran la Junta Electoral Central, según informaron varios de ellos antes de la reunión celebrada ayer en el Congreso de los Diputados. Los 13 vocales de la junta, designados tras las elecciones de octubre de 1989, se preparan para asegurar la limpieza de la dura campaña.

La Junta Electoral Central es el máximo órgano de la Administración Electoral, cuya finalidad legal es garantizar "la transparencia y objetividad de¡ proceso electoral y del principio de igualdad". Las resoluciones de la junta son recurribles ante el Tribunal Supremo y, en su caso, en amparo ante el Tribunal Constitucional, en todo caso por un procedimiento muy rápido.Tanto las funciones de la Junta Electoral Central como la designación de sus miembros están reguladas en la ley del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985. De acuerdo con ésta, 90 días después de constituirse las Cortes Generales resultantes de las elecciones de 1989, se designaron los 13 vocales de la junta.

Ocho de los vocales fueron propuestos por el Consejo General del Poder Judicial "mediante insaculación" [sorteo] entre los magistrados de las distintas salas del Tribunal Supremo. Resultaron designados cuatro magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo -José Hermenegildo Moyna Ménguez, Ángel Rodríguez García, Francisco Javier Delgado Barrio y Pedro Antonio Mateos García-; dos de la Sala Segunda de lo Penal -José Antonio Martín Pallín y Luis Román Puerta Luis-; uno por la Sala Primera de lo Civil -Eduardo Fernández Cid-, y otro por la Sala Cuarta de lo Social: Leonardo Bris Montes.

Igualmente, a propuesta conjunta de las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, a través de su Mesa, fueron designados, de entre catedráticos en activo de Derecho o de Ciencias Políticas o de Sociología, estos cinco vocales: los catedráticos de Derecho Constitucional Pedro de Vega, Juan José Solozábal y Pablo Lucas Murillo y los catedráticos de Derecho Administrativo Sebastián Martín-Retortillo y José Luis Martínez López-Muñiz.

Nuevo presidente

Los 13 vocales eligieron "de entre los de origen judicial" -como exige la ley- un presidente, el magistrado Moyna Ménguez, y un vicepresidente, el también magistrado Delgado Barrio. Por razones de salud, a principio de año renunció Moyna -que sigue como vocal- y fue elegido nuevo presidente Rodríguez García.

El presidente de la Junta Electoral Central es el único de sus miembros que permanece exclusivamente dedicado a la administración electoral desde la convocatoria de las elecciones hasta la proclamación de parlamentarios electos. El secretario de la junta es el secretario general del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa. Varios vocales han destacado la competencia y eficacia de Astarloa y de los letrados de las Cortes que colaboran con él en el asesoramiento de la Junta Electoral Central.

Errores en el censo

Entre otras competencias, corresponde a la Junta Electoral Central dirigir y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral. Fuentes de la junta señalaron a este periódico la trascendencia electoral de un censo correcto. Tras las sucesivas actualizaciones del censo, a instancias de la junta, una vez concluido ayer el plazo para presentar reclamaciones a nivel provincial, en las próximas semanas este órgano tendrá que ejercer su tarea supervisora. Entre los errores denunciados destaca la desaparición de 21.000 personas en las listas de Alcalá de Henares y de otros 10. 184 ciudadanos en Castellón de la Plana. IU ha formulado una queja sobre la situación de "decenas de miles de españoles" residentes en el extranjero que no podrán ejercer el voto por correo por no haber permanecido un año fuera de España.

Compete también a la Junta Electoral Central cursar instrucciones "de obligado cumplimiento" a las juntas provinciales o de comunidad autónoma y resolver "con carácter vinculante" las consultas que le eleven las mismas, así como unificar sus criterios interpretativos. Además de otras funciones correctoras de la maquinaria electoral o disciplinarias respecto a las personas "que intervengan con carácter oficial en sus operaciones, a la Junta Electoral Central corresponde "resolver las quejas, reclamaciones y recursos" que Igalmente se le planteen.

Entre las competencias de la Junta Electoral Central respecto a la campaña electoral, la ley de 1985 le asigna la de garantizar "el respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública". La ley de 3 de mayo de 1988, reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisión privada, amplió tal función a las televisiones privadas.

Uno de los asuntos más polémicos de la próxima campaña electoral serán los debates televisivos entre representantes de las distintas fuerzas electorales. Uno de los catedráticos miembros de la junta recordó que ya en 1989 se acordó que 1a decisión sobre la organización o no de esos debates es competencia de la dirección general del Ente Público RTVE", si bien en la programación de los mismos deberá respetarse "el pluralismo político y social y la neutralidad informativa".

En todo caso, advirtió que el director del ente público tendría que remitir a la junta con la antelación suficiente, la decisión adoptada, para evitar "posibles perjuicios irreparables".

Debate bilateral o plural

La junta determiné entonces que la ordenación "en uno o varios debates plurales o bilaterales" queda al criterio de la dirección de RTVE, "sin detrimento del derecho de las candidaturas", previa audiencia de las mismas, "y respetando el pluralismo político y social y la neutralidad informativa".

Uno de los vocales de origen judicial manifestó a EL PAÍS que tal acuerdo "sólo tiene valor de precedente, a tener en cuenta por la actual junta".