El Gobierno modifica las normas de voto por correo para evitar nuevos casos de falsificación del sufragio

El Consejo de Ministros aprobó ayer dos decretos para intentar garantizar la pureza electoral. La medida más significativa es que ninguna persona podrá representar a más de un elector que deba emitir su voto por correo debido a enfermedad o incapacidad, medida con la que pretende atajar el fraude cometido en las pasadas elecciones locales, donde determinadas notarías y empleados del PP tramitaron miles de sufragios, en muchos de los cuales se comprobó que se había falseado la voluntad del elector.Este real decreto, según la referencia del Consejo de Ministros, establece lo siguiente: "Los electores que por incapacidad no puedan realizar personalmente la gestión de solicitar la documentación necesaria para votar por correo, deberán hacerse con un certificado médico oficial -gratuito- y otorgar un poder notarial o una autorización consular a la persona en que deleguen para que realicen los trámites oportunos ante las oficinas de correos o la delegación del censo. Esta persona sólo podrá representar a un elector, al igual que será necesario un poder notarial o autorización consular por cada elector que lo necesite, no siendo válido un solo documento para distintas personas, aunque se encuentren en las mismas circunstancias".

La Junta electoral velará por el cumplimiento de tales requisitos. Para facilitar el control de los gastos electorales de los partidos, un decreto aprobado ayer desconcentra las facultades de autorización y gasto; y dispone un control financiero permanente por parte de la Intervención General del Estado.

Un tercer decreto modifica las indemnizaciones que deben percibir los miembros de Juntas Electorales.

Campaña insitucional

El lunes próximo comenzará la campaña institucional, en esta ocasión no dirigida a combatir la abstención, sino a facilitar información sobre cómo ejercer el voto. La propaganda se centrará en datos sobre exposición e inclusión en el censo y los mecanismos para obtener la documentación de voto por correo. Finalmente, se recordará la cita electoral del día 6 de junio.

La ministra portavoz, Rosa Conde, no adelantó el coste de la campaña institucional. Asimismo, la ministra recordé que la normativa obliga a que todas las encuestas que realicen los organismos estatales gocen de la autorización previa de la Junta Electoral, a la que deberán entregar sus resultados en cuanto las finalicen. Esta institución, a su vez, dispondrá de 48 horas para facilitarlas a los partidos desde su recepción.