.Los malentendidos de un proyecto de ley

POCOS PROYECTOS de ley han dado lugar a tantos malentendidos y han generado un conflicto tan agudo de intereses en cuanto a su alcance y significación como el de huelga. No haberlos despejado antes, y no haber clarificado en su momento con la mayor precisión la naturaleza del derecho de huelga, su finalidad y el marco en que se ejerce, puede tener un efecto nada deseable: que el Parlamento dé luz verde a una legislación de tanta trascendencia social y económica como la de huelga sin el suficiente consenso político y con la beligerancia total del sector empresarial que la haga -como otras muchas normas- de muy dificil aplicación cotidiana. Un debate previo, amplio y reposado sobre todas las cuestiones referentes al derecho de huelga habría servido al menos para que los socialistas-Gobierno y partido- hubieran superado sus diferencias y articulado una postura coherente entre ellos. De ese modo se habrían ahorrado el espectáculo deplorable que han dado a lo largo de la tramitación parlamentaría del proyecto de ley y sobre el que está a punto de caer el telón en el Senado con la aprobación del texto pactado con los sindicatos. Si ese texto tiene aspectos preocupantes en el sentido de no respetar suficientemente derechos de terceros en situaciones de huelga -como pensaba el ministro de Economía e, incluso, el propio presidente del Gobierno-, es difícilmente comprensible que el Grupo Socialista del Senado los mantenga sin corregir.

Sobre el proyecto de ley de huelga se ha hecho mucha demagogia. Incluso ha sido aprovechado por algunos sectores retardatarios para, utilizando la necesidad de resolver los abusos del ejercicio de la huelga en los servicios esenciales de la comunidad, intentar recortar ese derecho constitucional de los trabajadores. Pero es insólito que el texto en cuestión, pactado con los sindicatos y contradictorio con el primero que presentó el Gobierno, no lo haya sido con los empresarios, la otra parte en conflicto, aquellos que son responsables del marco en el que se ejerce el derecho de huelga. Una mayor precisión legal, por ejemplo, sobre las funciones de los piquetes informativos o sobre la presencia de los huelguistas en el lugar de trabajo hubiera sido quizá posible incluso con el visto bueno de los sindicatos. Lo que hubiera legitimado de otra forma el proyecto.