Los abogados de los padres de cuatro niñas asesinadas coordinarán sus gestiones

Los abogados de las familias de cuatro niñas asesinadas en los últimos meses pidieron ayer la regulación legal de la responsabilidad del Estado en los delitos cometidos por condenados con permiso penitenciario o en libertad condicional. Los letrados, que ayer celebraron una reunión en Bilbao, coordinarán sus trabajos para lograr mayor respaldo de sus propuestas ante los tribunales. Fernando García, el padre de Miriam, una de las niñas de Alcàsser, propuso la creación de una fundación para la protección de menores y la persecución de los delitos contra ellos.García inició en el País Vasco una campana de recogida de firmas para presentar en el Parlamento una propuesta de reforma de la legislación penal. Su propuesta pide penas máximas para los delitos contra la libertad sexual, el cumplimiento íntegro de las condenas y la exención de beneficios penitenciarios para los condenados por delitos sexuales.

Los abogados asociados representan a las familias de Ana María Jérez Cano, violada y asesinada por José Franco, El Boca, en Huelva; Carmen Rivas, asesinada en Villaba (Lugo), en septiembre de 1992; Olga Sangrador, de 9 años, cuyo cadáver fue hallado Tudela de Duero (Valladolid), en junio pasado; y Miriam García, una de las tres niñas de Alcàsser.

Los letrados suscribieron un documento en el que piden el agravamiento de las penas en los delitos contra la libertad sexual, "en su grado máximo cuando las víctimas sean menores de 16 años e incluyendo en todos los supuestos la pena de destierro", así como la aplicación de beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la condena y no sobre el límite legal de 30 años.

La reunión de letrados ha sido iniciativa de la asociación vizcaína Clara Campoamor. Los letrados subrayaron al importancia de la sentencia de la Audiencia de Huelva que condenó a El Boca, a cumplir íntegramente la pena de 44 años de cárcel por la violación y el asesinato de Ana María Jerez.