El PP apoyará la ley de alquileres si se cambia la duración de los contratos

El Partido Popular (PP) propondrá que la duración de los nuevos alquileres de viviendas se pacte libremente entre las partes, con un tope máximo de cinco años. El actual proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) prevé una duración mínima de cuatro años. Precisamente ayer, el PP planteó al Gobierno la posibilidad de alcanzar un consenso sobre el proyecto de ley, mientras Izquierda Unida amenazaba con capitanear la presión social sobre la LAU en caso de que no se atiendan sus peticiones.El próximo jueves se debatirán en el pleno del Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad del proyecto. El lunes siguiente, día 15, termina el plazo abierto para la presentación de enmiendas parciales, después de tres prórrogas. Estas dos fechas marcan la bajada de bandera del debate político sobre el futuro del mercado del alquiler. De hecho, ayer mismo tanto el PP como Izquierda Unida aprovecharon la presentación de sus respectivas enmiendas a la totalidad -a la que se sumó otra de Convergència i Unió- para fijar posiciones.

El PP considera que "el proyecto de ley es poco equilibrado y escasamente ambicioso, incapaz de satisfacer los objetivos mínimos que tiene que cumplir la nueva legislación sobre arrendamientos". Por ello, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rodrigo Rato, ofreció al Gobierno la posibilidad "de alcanzar un pacto político que respalde esta ley".

Al margen de las críticas globales al proyecto, el PP baraja un conjunto de iniciativas que recogerá en el paquete de enmiendas parciales. Entre éstas destaca la propuesta de retocar el plazo de duración de los alquileres. El proyecto lo fija en un máximo de cuatro años, pero el PP es partidario de que esa duración se pacte entre las partes, con un máximo de cinco años. "De esta forma se recogerían mucho mejor los casos especiales, como el de los trabajadores que cambian de domicilio por uno o dos años, o el de los estudiantes, que viven en una ciudad distinta a la suya durante nueve meses".

Excepciones

Respecto a las rentas congeladas de las viviendas, el PP propone una actualización más rápida que la recogida en el proyecto de ley. No obstante, establecen un conjunto de excepciones, entre las que se encuentran, por ejemplo, las personas con menores recursos económicos -con ingresos anuales menores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional- o los jubilados.En cuanto a los locales comerciales, los populares propugnan una actualización de las rentas, pero con varias opciones para que el acuerdo sea tras una negociación directa entre el arrendatario y el arrendador. Las críticas más duras contra el proyecto provinieron ayer de Izquierda Unida. Su portavoz en el Congreso, Nicolás Sartorius, lo definió como "nefasto, peligroso y antisocial".