El Defensor del Pueblo destaca en su informe que la Administración mantiene actitudes xenófobas

El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, reprobó ayer "las actitudes de claro signo racista o xenófobo" protagonizadas por los ciudadanos y las administraciones públicas, que fueron una de las principales preocupaciones de su institución en 1992. Las quejas de los extranjeros ocupan 100 de las 2.562 páginas de la memoria anual, que el defensor entregó ayer al presidente del Congreso. El defensor tramitó 19.713 reclamaciones, abrió 114 quejas de oficio y realizó 156 visitas de inspección. "Ahora mismo sigue habiendo problemas a diario y eso se debe corregir inmediatamente", manifestó Gil-Robles.

La inadmisión de extranjeros ha generado en 1992 numerosos problemas en los controles fronterizos, especialmente en el aeropuerto de Madrid-Barajas. "Gran parte de las actuaciones y decisiones de rechazo se toman sobre la base de la presunción de que determinados ciudadanos procedentes de países de bajo nivel de rentas vienen a nuestro país con el único objetivo de buscar trabajo, sin que los funcionarios intervinientes den crédito a las manifestaciones de estas personas sobre la razón de su viaje", señala la memoria. Recoge el caso de cuatro personas a las que, pese a cumplir todos los requisitos, no se les permitió la entrada en España por este motivo. Gil-Robles informó que durante los fines de semana se plantean problemas con los inmigrantes que llegan como polizones en los barcos que atracan en Baleares y Canarias. Éstos suelen solicitar asilo o refugio. Aunque en la mayoría de los casos hay indicios de que huyen de su país agobiados por el hambre -y no por sufrir persecución política-, el Defensor del Pueblo se mostró total mente opuesto a que sea la policía quien decida sobre la situación de estas personas, sin instruirse antes el oportuno expediente. "No puedo ocultar que algunas acciones [de los funcionarios de la Administración] están conectadas con el color de la piel de los afectados", agregó Gil-Robles, cuyo mandato al frente de la institución finaliza el próximo 15 de marzo.

Malos tratos. Las quejas por malos tratos de los Cuerpos de Seguridad del Estado han descendido con relación a años anteriores: 38 casos en 1991 y 31 en 1992 (15 de ellas protagonizadas por el Cuerpo Nacional de Policia). Gil-Robles es especialmente crítico con los responsables de estos cuerpos, "que se resisten a aplicar a los agentes denunciados medidas cautelares de suspensión de funciones -incluso en los supuestos más claros- so pretexto de esperar un pronunciamiento judicial". El Defensor del Pueblo critica duramente que la policía obligue a los detenidos a desnudarse totalmente para cachearles, al entender que tal práctica ataca el derecho a la intimidad. El año pasado hubo 13 quejas por aplicación de la denominada ley Corcuera, pero la oficina de Gil- Robles comprobó que en todos los casos se había hecho de for ma correcta.

Escuchas y recibos del 903. Gil-Robles atacó ayer con dureza al presidente de la compañía Telefónica, Cándido Velázquez, debido a que éste, dijo, quiere escapar del control de la citada institución. "No lo aceptaré", declaró rotundo Gil-Robles, que cree que Telefónica debe dejar en suspenso el cobro de los recibos a los titulares a los que se les incluye cantidades del servicio del 903.

Telefónica ha desmontado entre 1989 y 1991 un total de 692.400 líneas de tecnología Rotary, que permitían la escucha directa de las conversaciones. Deberá haber desmontado otras 259.788 en el año 1992 y en el presente las 145.900 restantes, atendiendo así las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Lentitud y pérdida de pruebas. "La Justicia sigue siendo la administración que más quejas produce", señaló Gil-Robles. Lentitud, retrasos y aparente pérdida de joyas y otras piezas de convicción motivaron 2.509 reclamaciones. La necesidad de reformar el sistema de responsabilidad de los jueces y la dificultad para investigar las quejas contra los abogados son otros aspectos preocupantes.

Hacinamiento. El "enorme hacinamiento" en que viven los 42.817 reclusos en las cárceles españolas, lo que determina que no haya un estudio individualizado de cada uno de ellos y que el tratamiento de reinserción no sea el adecuado. El defensor critica la tardanza en abrir nuevas cárceles. Considera "fundamental" el sistema de permisos y cree que una "intervención clara" de los jueces de Vigilancia Penitenciaria es la mejor garantía para autorizarlos, por lo que deben cubrirse las vacantes que este tipo de jueces que hay actualmente. Psiquiátricos impresentables. Gil-Robles destaca la necesidad de informar a los enfermos, proteger los derechos de los usuarios, reducir las listas, de espera, etcétera. Especial preocupación siente por los hospitales psiquiátricos, a algunos de los cuales no dudó en calificar de "absolutamente impresentables". Insiste en que la Seguridad Social debe hacerse cargo de los gastos ocasionados por la atención de los enfermos mentales para "no dejar desamparados" a los Interesados y a sus familias. El defensor del Pueblo se quejó ayer de que "no haya hospitales para pacientes de larga duración o de edad avanzada".

Silencio positivo. El Defensor del Pueblo se congratula de que la Administración del Estado haya recogido varias de las recomendaciones que ha ido haciendo en los últimos años para lograr una mejor atención al ciudadano. En concreto, la consideración de que el silencio administrativo tiene valor de concesión, en lugar de denegación, como anteriormente. No obstante, hubo 3.115 quejas contra Trabajo, Sanidad y Seguridad Social; y 8.423 por asuntos de Cultura y Educación (sobre todo por la admisión de alumnos en la enseñanza no universitaria). Las administraciones regionales y locales acaparan numerosas reclamaciones por infracciones urbanísticas, ruidos y protección del medio ambiente.

Hay abundantes quejas de los ciudadanos por la lentitud de los registros civiles, sobre todo por las solicitudes de nacionalidad española, debido a la demora con que el Ministerio del Interior emite sus informes. Un número significativo de quejas se refiere al " trato incorrecto" que los agentes de Tráfico dispensan a los automovilistas, lo que ocasiona "incidentes innecesarios".

Disminuyen las novatadas. Cuatro soldados se dirigieron el año pasado al Defensor del Pueblo para quejarse de haber recibido malos tratos en el Ejército y otros seis lo hicieron por haber sido víctimas de novatadas (uno fue insultado por ser gitano y otro fue obligado a relatar su primera experiencia sexual).

El informe anual de la institución se congratula de la disminución de las novatadas, prácticas que "atentan contra la dignidad de las personas", añadiendo que "no pueden ser toleradas, por pequeñas que parezcan".