Desequilibrio territorial y fragilidad del recurso agua

La desigual climatología existente en el Estado español condiciona el dispar reparto de la fuente de la vida: el agua. Las áreas de clima méditerráneo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares y las islas Canarias son donde, como consecuencia de las precipitaciones escasas, existe un mayor déficit del líquido elemento. Pero es precisamente en esas zonas donde se da una mayor presión de la demanda, pues los principales procesos urbanizadores se orientan hacia esos territorios, desarrollando usos enormemente consumidores de agua. No sólo se concentra en estos espacios, en general, la población y la actividad, económica, sino que el turismo y la agricultura intensiva pugnan, asimismo, por apropiarse de este recurso escaso.La sobreexplotación de acuíferos en estas áreas es ya un hecho real, que está suponiendo la disminución de los niveles freáticos y la intrusión marina, lo que provoca la salinización de las menguadas reservas de agua dulce. El Libro blanco de aguas subterráneas, elaborado por el AGME, señala que en grandes zonas del litoral mediterráneo, Canarias, Castilla-La Mancha y el Sur se ha llegado a esquilmar y contaminar sus acuíferos. Los desarrollos turísticos incontrolados son una de las principales razones de este hecho, a los que acompaña la proliferación de campos de golf, una actividad depredadora del recurso agua. Llama la atención la aprobación a primeros de 1991 de subvenciones por valor de 20.000 millones de pesetas para la construcción de casi 30 campos de golf -la mayoría en la Costa del Sol-, como forma de promocionar el turismo de calidad en el litoral.

La agricultura intensiva bajo plástico en Almería con 20.000 hectáreas en Dalías- o Huelva, principalmente, contribuye, también a esta sobreexplotación de acuíferos, y tras su fulgor, asentado en gran medida en la sobreexplotación de mano de obra inmigrante barata, se adivina un gigante con pies de barro, pues el agua subterránea se agota y saliniza. Toda ésta locura únicamente cabe explicarla por la lógica de un modelo económico que prioriza el máximo beneficio a corto plazo. Pero los acuíferos no sólo están en peligro en las zonas costeras. La aplicación de técnicas de agricultura intensiva, con el uso indiscriminado de fertilizantes sintéticos, está suponiendo la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, si bien este fenómeno parece aun menos grave que en otras áreas de la Europa comunitaria, no se sabe si por falta de información acerca de los niveles reales de presencia de estos compuestos, o porque estas técnicas agrícolas llevan menos años de desarrollo en nuestro territorio, y existen zonas donde todavía. se ejerce una actividad agrícola más o menos tradicional.Situación críticaAnte esta situación crítica, y el hecho de que el 40% de la población se abastece de acuíferos, se aprueba la Ley de Aguas en 1985, cuyo principal objetivo es que las aguas subterráneas pasen a integrarse en el llamado dominio público hidráulico, asignándose al Estado la responsabilidad de la planificación hidrológica, tanto superficial como subterránea; pudiendo éste declarar la limitación de explotación de acuíferos en aquellas zonas donde existan temores de sobreexplotación. Sin embargo, los intereses económicos que se mueven en las zonas de riesgo tienen un poder tal que hasta ahora prácticamente no se ha hecho uso de esa prerrogativa.

Por otra parte, la utilización masiva de recursos hídricos en ciertas zonas de gran valor natural, como los humedales de las Tablas de Daimiel o las lagunas de Ruidera, ha supuesto la desecación de gran parte de su extensión, con las repercusiones medioambientales -pérdida de diversidad biológica, quiebra en los pasillos migratorios de las aves, etcétera- que ello implica. Una amenaza de esta naturaleza se cierne sobre el área de mayor valor ambiental de la Península: el parque de Doñana, que es de esperar que las acciones de protesta ecologistas logren frenar.

La calidad de las aguas superficiales se ve condicionada por el débil grado de depuración de las aguas residuales en el territorio estatal" pues sólo se trata, aproximadamente, la mitad de su volumen, y más. de las tres cuartas partes de los municipios españoles carece de sistema de depuración. Ésta es la causa de los elevados niveles de contaminación de ríos, lagos y embalses. Desde la presencia -entre otros compuestos- de metales pesados, nitratos y materia orgánica en los ríos, que impiden la vida piscícola en muchos de sus tramos, hasta la eutrofización de embalses, en gran medida consecuencia de su alto contenido en fosfatos. Lo que provoca que más de las tres cuartas partes de los pantanos se encuentren en malas o muy malas condiciones.

La principal responsabilidad de esta situación recae en los vertidos industriales, que se efectúan en su inmensa mayoría directamente a los cauces sin tratar, cuando además son los que poseen un carácter más tóxico -en concreto por su contenido en metales pesados-, obviando la teórica máxima liberal de "el que contamina paga". Los vertidos residenciales tienen una naturaleza menos contaminante, pues en gran medida se componen de materia orgánica, si bien su concentración y volumen, en particular en los grandes núcleos urbanos, incrementa su impacto. Por último, la ganadería estabulada, que se ha incrementado espectacularmente en los últimos 25 años, representa también importantes focos de contaminación puntual de agua, así como los fertilizantes químicos y pesticidas que se utilizan en la agricultura intensiva.

Los sistemas de saneamiento que se han potenciado propician tratamientos duros (gigantismo de diseño, concentración de vertidos, grandes depuradoras, grandes conducciones ... ) del conjunto de las aguas residuales, que son de elevado coste -tanto de inversión como de mantenimiento- y cuya financiación repercute sobre el conjunto de la población; en lugar de fomentar la reducción de la contaminación en origen, obligando a las empresas altamente contaminantes a tratar sus propios afluentes, pues esto va contra la lógica del mercado, al incrementar los costes de producción. Una alternativa de esta naturaleza reduciría los procesos productivos peligrosamente contaminantes, y permitiría optar por procedimientos más blandos (pequeñas depuradoras, filtros verdes ... ) de menor coste de realización y gestión, posibilitando, adicionalmente, una mejor reutilización de las aguas con fines agrícolas; pues las grandes depuradoras al tener que situarse en las tierras más hondas, para captar el máximo de vertidos con el fin de hacerías rentables, dificultan el reaprovechamiento de las aguas depuradas aguas arriba, y privan a los cauces naturales de los caudales mínimos necesarios. En los sistemas de saneamiento utilizados se han primado claramente los intereses de la industria contaminante y las grandes constructoras.

Recientemente ha saltado a los medios de comunicación las grandes propuestas de un llamado Plan Hidrológico Nacional, que ya se apunta que será uno de los temas más polémicos de los próximos años, hablándose de la necesidad de un pacto, de Estado para llevarlo a cabo. El mencionado plan supone una inversión de casi tres billones de pesetas en nuevas infraestructuras, entre las que destacan la creación de más de 200 nuevos embalses, algunos de ellos de gran capacidad. El objetivo principal del plan en cuestión es el reequilibrio hidráulico, eufemismo que intenta justificar la necesidad de lograr un nuevo reparto de los recursos hídricos entre aquella parte de la península excedentaria en agua, que coincide básicamente con el territorio cuya producción agrícola entra en competencia con la del grueso de la CE, y aquella parte del ámbito estatal: el arco mediterráneo, Extremadura y Andalucía occidental, donde se desarrollan, o se pueden desarrollar aún más, cultivos de agricultura intensiva en regadío que por las características climáticas no entran en conflicto con los excedentes de la producción continental europea; o donde se localizan las principales áreas turísticas, así como hacia dónde se dirige la actividad económica, que se sedimenta prioritariamente en sus regiones metropolitanas. Con lo cual el pretendido reequilibrio hidráulico incentivará un desequilibrio territorial todavía más intenso y supondrá una aún mayor marginación de la cornisa cantábrica y de la llamada España interior.Obras mastodónticasEl trasvase de más de 4.000 hectómetros cúbicos pretende paliar el agotamiento, salinización y contaminación de acuíferos en las zonas de recepción, e impulsar nuevos desarrollos urbanos, turísticos y de regadíos; aunque oculta las enormes pérdidas de recursos hídricos que normalmente se dan en estas obras mastodónticas de ingeniería. El plan en su conjunto prevé crear más de medio millón de hectáreas de regadío, localizándose gran parte de éstas en las áreas de destino de los travases. Todo ello provocará un importante impacto ambiéntal, en origen -embalses-, en trayeto -grandes conducciones- y en destino -impactos sobre el territorio y el suelo a causa de los planes de regadío y técnicas agrícolas-. En Andalucía, concretamente, se asiste ya a una reducción de las áreas de bosque para dar respuesta a las presiones de incremento de tierras cultivables. El plan también, y quizá principalmente, dará respuesta al déficit hídrico que presentan ya las principales concentraciones turísticas y urbanas de estos territorios, en donde se ha disparado el consumo suntuario de agua como resultado de las nuevas tipologías de desarrollo residencial -viviendas unifamiliares, chalets adosados...-, robando este recurso escaso a las cuencas excedentarias,, lo que mermará su diversidad biológica. En la actualidad, por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona presenta serios pro blemas de abastecimiento y calidad del agua, pensándose en el trasvase de la cuenca del Ebro para eliminar este techo al desarrollo de la conurbación.

La vía para acometer este ambicioso y costoso plan será, en gran medida, a través del incremento del precio del agua, que, bajo la coartada de propiciar un uso más racional del agua, gravará proporcionalmente más al pequeño usuario residencial, viéndose libradas en buena parte de tan molesta labor los verdaderos beneficiarios: Tour Operadores, empresas del agrobusiness, grandes industrias y la gran actividad económica, en general, con el beneplácito del sector de la construcción, al que se le ofrece una ocasión más de inundar de cemento el territorio.

es ingeniero de caminos y miembro de Aedenat.