El derecho a disfrutar de los derechos

Analiza el autor del artículo los diez años de Gobierno socialista destacando lo que a su juicio son logros evidentes tanto en la calidad de los derechos como en la cantidad de ciudadanos que los disfrutan. Pese a un balance positivo no oculta las insuficiencias y los nuevos retos que surgen en ese anhelo de justicia y libertad.

Si Machado escribiera hoy, ya no diría que España ha de helar el corazón a los españoles que vienen al mundo. Esta España es hoy socialmente más justa, más equitativa, y ofrece a los españoles y a las españolas más expectativas y nuevas oportunidades. Los 15 años de democracia han supuesto un amplio desarrollo del contenido de la ciudadanía, ese derecho básico que es nada menos que el derecho a tener derechos y a disfrutar de ellos. Las libertades han progresado, la diversidad cultural de España se ha consolidado, las garantías sociales se han desarrollado al tiempo que los servicios e infraestructuras públicas, el status del español en el extranjero ha mejorado, y se ha cuidado la seguridad de España y de, los españoles. Es decir, España hoy ofrece más y a más ciudadanos.Creo, sinceramente, que gran parte de estos avances se han producido en la década de gobierno socialista y que nuestro empeño en establecer estos derechos y a la vez dotarles de contenido o generalizar su aplicación -en línea con las realizaciones más avanzadas de la socialdemocracia europea- ha sido un elemento motor en el camino recorrido por la sociedad española hacia una ciudadanía con más derechos y más bienestar. Junto a esta, dimensión, el Gobierno también ha querido impulsar el desarrollo de una ciudadanía europea, plasmada por primera vez en el Tratado de Maastricht a iniciativa española, y que ampliará los derechos de los ciudadanos españoles por el hecho de que nuestro país pertenezca a la Unión Europea.

Claro está que el gran salto adelante en la definición de los derechos se plasma ya desde 1977 -el hábeas corpus, la libertad sindical, etcétera- y se formaliza con la Constitución. Pero muchos de los derechos que se definen en la Constitución requerían un desarrollo y una provisión de medios. Como diría Dahrendorf, no basta establecer los derechos, las capacidades o titularidades para disponer, si estos derechos no cuentan con provisiones, es decir, disponibilidades de cosas materiales o inmateriales que permiten hacer efectivos los derechos. Y en este decenio, en España se ha avanzado mucho en materia de provisiones.

En estos años no sólo han aumentado las prestaciones, sino también, en algunos casos, su acceso se ha ampliado prácticamente a toda la ciudadanía. Cuando llegamos al Gobierno, en 1982, en plena crisis económica, nuestro objetivo era crecer para poder distribuir. Y se ha logrado un crecimiento del 33% en este periodo. Y se ha distribuido. Por citar algunos ejemplos, hoy hay seis millones de personas más con derecho a protección sanitaria pública que en 1982; la tasa de escolarización es prácticamente del 100%; el número de plazas universitarias se ha duplicado, el de becas de estudios se ha multiplicado por cinco, y el acceso a una pensión ha pasado ahora a ser, un derecho ciudadano.

No hemos llegado al final del camino, ni mucho menos. Debemos seguir la tarea con ideas claras sobre las actuaciones prioritarias. No podemos aún darnos por satisfechos cuando, por ejemplo, la Constitución otorga el deber y el derecho al trabajo, y el desempleo es demasiado elevado, a pesar de haberse creado más de 1,8 millones de puestos de trabajo en los últimos 10 años y del hecho de que los que padecen la falta de empleo están mucho mejor protegidos que 10 años atrás. O cuando la provisión del derecho a la vivienda digna y adecuada está aún lejos de la realidad.

Estos avances en la provisión de derechos no podían ni podrán hacerse gratuitamente, y detrás de ellos está el crecimiento de los ingresos públicos en España, aunque la presión fiscal se mantiene a unos niveles más bajos que la media de la Europa comunitaria. El pago de los impuestos debidos es también un enriquecimiento del concepto de ciudadanía. Y así debe considerarse el hecho de que en 1991 hayan presentado declaraciones del impuesto de la renta casi el doble de ciudadanos que en 1982. Hemos combatido y seguiremos combatiendo el fraude fiscal. Cuando el ciudadano paga, el ciudadano exige. Es natural y saludable, aunque tanto lo de pagar como lo de exigir con causa sean hechos que resultan bastante novedosos en España. A los que desde la óptica empresarial contestan este incremento de la presión fiscal y entrando en la misma lógica de los razonamientos que suelen emplear, les sugeriría que reflexionaran sobre la necesidad de atender a lo que Siro Lombardini ha denominado quinto factor de producción, a saber, la estructura política y social de un país, el sistema de relaciones sociales y de intereses económicos. Parece obvio que en la medida en que un país avance en cohesión social, en vertebración territorial, en el sentimiento extendido de participación de los ciudadanos en los resultados de su desarrollo, avanza también en propiciar sus posibilidades de crecimiento y de progreso. Todo ello con independencia de los argumentos de justicia social que por sí solos bastarían.

Demandas sociales

En esta consolidación del concepto de ciudadanía intervienen también otros derechos que han ampliado el sentido de la libertad en España, como el fin del monopolio público sobre la televisión, la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo o la prestación sustitutoria al servicio militar por razones de conciencia, entre otros avances.

Desde luego, todo esto es reflejo de la propia dinámica interna de la sociedad española, de sus demandas sociales y políticas, pero considero justo que se asocie tanto la defensa de estas posiciones por parte del proyecto socialista como las actuaciones en esta dirección por parte del Gobierno.

En relación al proceso de definición y provisión de los derechos de los ciudadanos, nos planteamos dos líneas de avance fundamental, y en este empeño, sólo en parte logrado, persistimos. Las dos líneas de preocupación y acción tienen que ver con el principio de igualdad de oportunidades y con el de la solidaridad y cohesión social. La primera era evitar una división del país entre zonas ricas y zonas pobres. A diferencia de otros países, en estos años España ha conseguido reducir las desigualdades entre sus regiones más prósperas y las menos ricas, si bien para algunos en términos excesivamente lentos. La velocidad es discutible, pero no el objetivo de una España más equilibrada, sin fisura económica.

La segunda línea fundamental es evitar la dualización de la sociedad española y que se deshilache su tejido, algo que ha ocurrido en otros países más ricos que el nuestro. Por ello, conscientemente, hemos evitado eso que John Kenneth Galbraith ha calificado como una "cultura de la satisfacción" en la que el Estado se dedica sobre todo a subvencionar el bienestar de los que ya gozan de él. Optamos por ampliar no sólo la calidad de los derechos sino la cantidad de personas que pueden disfrutar de ellos, ya sea en materia de sanidad, educación o pensiones. Ello no obsta para que persistan bolsas de pobreza o marginación, que atendemos y pretendemos reducir, o que aparezcan nuevos problemas como los que pueden derivarse de la inmigración ilegal.

Cohesión social

Nos queda mucha labor por hacer. Nuestro ciclo sigue abierto. Hoy hay más igualdad en España: más igualdad de oportunidades y más igualdad de resultados. Pero si España es más rica que hace 10 años, aún debe serlo más. Si España es más justa, aún debe serlo mucho más. Esta consolidación de los derechos ciudadanos, este incremento del contenido de la ciudadanía, estos avances de cohesión social responden a lo que son los planteamientos más básicos del socialismo democrático moderno. Con un retraso que se reduce progresivamente alcanzamos los niveles de bienestar propios de las más sólidas democracias europeas que han desarrollado esta labor durante décadas. Esta tarea desborda el concepto de política social o políticas asistenciales, dado que se dirige al desarrollo de las oportunidades vitales que brinda la sociedad, al incremento de su contenido de ciudadanía, al robustecimiento de esa unión de justicia y libertad que Kant denominó sociedad civil. Y por este sendero vamos a proseguir nuestro esfuerzo, con el apoyo de la sociedad.

es vicepresidente del Gobierno.