El Gobierno indemnizará a los enfermos de la colza sólo si le declaran culpable

El Gobierno no indemnizará a los afectados de la colza a menos que exista una sentencia firme condenatoria. Esta decisión fue la respuesta más concluyente que escucharon los representantes de afectados de la colza reunidos ayer durante más de tres horas con el subsecretario de Trabajo y otros ejecutivos de este ministerio y del de Sanidad. La reunión pretendía ser el primer paso para la negociación de seis puntos entre los cuales figura la compensación del Estado a los enfermos de la colza.

El encuentro formaba parte del compromiso adquirido por el PSOE de actuar como intermediario ante la Administración si los afectados levantaban la acampada que mantuvieron durante varios días en Madrid, frente a la sede del PSOE.Tanto el portavoz de las asociaciones de enfermos como la abogada Doris Benegas, ambos presentes en la reunión, mostraron su impresión de que la respuesta del Gobierno está amparada en las ventajas que se derivan del futuro Código Penal. Según la reforma, el Estado no será responsable subsidiario de los delitos cometidos por un funcionario en el ejercicio de su trabajo.

En la normativa vigente el Estado sí lo es, hecho que ha permitido la inculpación de diez altos cargos del Gobierno de la desaparecida Unión de Centro Democrático por sus responsabilidades en el envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado en 1981. La instrucción de este sumario iniciado en 1985 está en manos del juez Baltasar Garzón. Según Doris Benegas, si el caso se resuelve con el nuevo Código Penal en vigor, el Estado quedaría libre de responsabilidades, luego no habría lugar a que se indemnizara a los afectados por la colza.

Mal precedente

El subsecretario de Trabajo dio por cumplido el compromiso de dialogar con los afectados y mostró su convicción de que si el Estado no ha sido condenado al pago de ninguna indemnización no pueden derivarse responsabilidades. "En caso contrario, naturalmente que daría cumplimiento a la sentencia".

Navarro dijo que sería un mal precedente para otros ciudadanos. "Todos vendrían a negociar una indemnización". Dijo también que "hay una opinión muy generalizada entre la opinión pública, en el sentido de creer que los afectados, después de la gran tragedia que han padecido, están desprotegidos y eso no es cierto. No lo menciono como si fuera a pasar factura, pero quiero recordar", añadió, "que desde que se desató el síndrome las prestaciones que ha concedido el Estado a los afectados suman 55.000 millones de pesetas".

Las asociaciones de afectados por la colza convocaron una asamblea ayer por la tarde en Madrid para discutir la respuesta de la Administración y acordar su estrategia ante este postura. "Llegaremos hasta el final", dijo su portavoz Antonio Sánchez. "Después de 12 días a la intemperie en la sede socialista de la calle de Ferraz esto es como un jarro de agua fría".

Por su parte, Doris Benegas afirmó que lo que pretenden sus defendidos es que "haya un reconocimiento político de la incomparable catástrofe producida, en la que la Administración tiene responsabilidad política y humana. En los tribunales estamos y estaremos", concluyó la abogada.