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Los grandes temas pendientes

LA CAMPAÑA electoral en el Reino Unido ha confirmado, como era de esperar, que en la escena política británica no hay en estos momentos un dirigente de talla comparable a la de Margaret Thatcher. Esta debilidad del liderazgo, comprensible e incluso saludable en un país hastiado de caudillismo, coincide, sin embargo, con la reaparición de los grandes problemas que el fenómeno Thatcher no pudo resolver, y en algún caso exacerbó: las cuestiones nacionales de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, por un lado, y las deficiencias del anticuado sistema institucional británico, por otro.Sólo las dudas y debilidades internas de conservadores y laboristas pueden explicar el que únicamente al final de la campaña electoral, mediocre como pocas, hayan sobresalido estas cuestiones fundamentales por encima del mar de minucias y asuntos domésticos en que han preferido navegar ambos partidos durante las últimas semanas.

Margaret Thatcher antepuso lo urgente a lo importante. Lo urgente era atajar la esclerosis política y social que en los años setenta se adueñó del Reino Unido, conocido por entonces como el enfermo de Europa, y Thatcher aplicó, ciertamente, una cura dolorosa, pero efectiva. La célebre revolución conservadora impulsada por sus tres sucesivos Gobiernos no tenía de revolucionaria más que la fe y la sinceridad con que se aplicaron los más añejos principios tories (básicamente, preponderancia de la City financiera y de los pequeños propietarios sobre la industria y los sindicatos, reducción del aparato administrativo y preeminencia de lo individual sobre lo social), pero funcionó. La reducción de los impuestos (gracias sobre todo a las rentas del petróleo del mar del Norte) y la euforia de un par de guerras ganadas en ultramar hicieron el resto. Se despejaron las arterias y el país volvió a pensar que, además de un glorioso pasado, podía tener un futuro aceptable.

Ahora ha llegado el momento de definir ese futuro, sobre el que hay grandes divergencias. La casa común del Reino Unido no parece ser igualmente cómoda para las cuatro naciones que la habitan. En Escocia, por ejemplo, las elecciones de mañana, jueves, son casi un referéndum, y también un espléndido campo de trabajo para la sociología electoral: la pequeña minoría unionista votará a los conservadores, pero lo que hay que averiguar es cuántos quieren la autonomía (votantes laboristas) y cuántos la independencia (votantes del Partido Nacional). Se trata de una cuestión trascendental. Por primera vez desde que se constituyó la Comunidad Europea es concebible la posibilidad de que, a medio plazo, uno de sus miembros fuerce un reacomodo para dar cabida a una gran región autónoma o -difícil, pero no imposible- a un país desgajado de su territorio.

El líder conservador, John Major, advierte que las reivindicaciones nacionalistas escocesas sólo pueden desembocar en la ruptura del Reino Unido. Exageraciones electorales al margen, podría haber un fondo de verdad en ello. Escocia se integró en el Reino Unido en 1707, pero ha mantenido su identidad social y política muy distinta, y frecuentemente enfrentada, a la hegemónica identidad inglesa. Todo parece indicar que, al cabo de casi tres siglos, parece imprescindible una nueva fórmula de asociación. Es de lamentar que ni los conservadores, con su cerrazón, ni los laboristas, con su asombrosamente inconcreta oferta de autonomía, hayan demostrado hasta ahora estar a la altura de las circunstancias.

El conjunto de las instituciones, y con ellas el sistema electoral, necesita igualmente una reforma profunda. Es creciente -y de ello se ha beneficiado fundamentalmente el minoritario Partido Liberal-Demócrata- la demanda de una Constitución escrita que elimine el anacrónico e irreal papel de la Corona como fuente de todos los poderes, que convierta en ciudadanos a los súbditos y, de paso, revise para qué sirven instituciones aún en vigor, como la Cámara de los Lores.

Los liberal-demócratas, que enarbolan la bandera de la reforma constitucional, exigen también la sustitución del sistema electoral mayoritario por uno proporcional. Pero esa reforma, que beneficiaría sobre todo a los propios liberal-demócratas, es mucho más discutible. El sistema mayoritario, con el bipartidismo como consecuencia, tiene defectos, pero también virtudes. Una de ellas, y no la menor, es la certidumbre de que no emergerán de las urnas británicas las desagradables sorpresas neofascistas que, al calor del descontento popular, han irrumpido en la escena política de otros países europeos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 07 de abril de 1992.

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