Los gestores del Grupo Ibercorp deberán garantizar créditos por 2.000 millones

Los gestores y principales accionistas del Banco Ibercorp y de sus sociedades participadas negocian con las autoridades las garantías que deben aportar para evitar la quiebra técnica de la entidad. El agujero (patrimonio neto negativo) del banco podría superar los 1.000 millones de pesetas si no se prueba el valor real de algunas participaciones ni se dotan los créditos concedidos a sociedades participadas por valor de 2.000 millones, que tienen que afianzar Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo antes del próximo sábado, 11 de abril.

Los plazos del expediente de suspensión de pagos del Banco Ibercorp están forzando las negociaciones entre los interventores judiciales y los gestores de la entidad. El primero de ellos vence el próximo sábado, día en que los administradores del banco deberán entregar al titular del juzgado número 59 de Primera Instancia, Ignacio Del Riego el balance provisional del banco.Ese mismo día está previsto que los interventores concluyan su primer dictamen sobre la conveniencia o no de que continúe el proceso de fusión del banco con Sistemas Financieros (SF) y Grupo Ibercorp, solicitado por los propietarios del grupo. Los representantes del juez aconsejarán la suspensión de la fusión, por entender que los accionistas minoritarios de SF volverían a salir perjudicados, al ser la única de las tres sociedades que tiene un valor patrimonial positivo demostrado hasta la fecha.

Ese es el mayor problema que tienen que resolver De la Concha, Soto y Tamayo a corto plazo. Según las primeras estimaciones de la intervención, el valor patrimonial del Banco Ibercorp, que tras las sucesivas reducciones por la inspección del Banco de España se situaba en torno a los 1.200 millones de pesetas, podría tornarse negativo si no se garantizan cerca de 2.000 millones de pesetas en créditos concedidos a empresas participadas. De esta deuda -la mayoría contraida con SF, Grupo Financiero Ibercorp y, en menor medida, Ibercorp Bolsa-, cerca de 1.300 millones corresponden a préstamos ya vencidos y no provisionados y los 700 millones de pesetas restantes son créditos vivos.

Los gestores del Banco Ibercorp están negociando con las autoridades el afianzamiento de la deuda que asegure la estabilidad del balance. El equipo de abogados del banco, encabezado por el abogado Fernando Escardó -el otro, con Ramón Hermosilla al frente, se ocupa del contencioso con la CNMV- ha mantenido ya dos reuniones con la dirección jurídica del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGD). En esas reuniones, los abogados de Ibercorp han presentado una primera propuesta de garantías, así como una explicación sobre el valor de las participaciones sociales del banco; aspecto este último que está también en discusión y que influirá sobre el valor patrimonial de la entidad.

Ibercorp no informa

Un portavoz del Banco Ibercorp, consultado por este periódico, no quiso precisar el alcance de las negociaciones, remitiendo toda la información al juez que instruye el caso. "El consejo de administración del banco", afirmó el citado portavoz, "se encuentra trabajando en la finalización del balance de la entidad, en colaboración con los interventores judiciales, con el fin de poder aportar, en los plazos señalados por la Ley, dicho balance al juez que instruye la suspensión de pagos del banco. En esta situación, es improcedente adelantar cualquier información". Sin embargo, en el banco se respira un cierto ambiente de nerviosismo, a medida que se aproximan los plazos marcados por la Ley para el proceso de suspensión de pagos, aunque se da por hecho que todo se solucionará a tiempo y se evitará llegar a la situación de insolvencia definitiva y, por lo tanto, de quiebra técnica de la entidad.

Fuentes Judiciales coincidieron en la necesidad de llegar a un acuerdo rápido, para evitar que el juez pudiera instar la quiebra, aunque señalaron que "el tiempo pasa rápidamente y quizá por estrategia negociadora todavía no se han presentado todas las garantías necesarias". Lo que está fuera de toda duda es que a nadie interesa la quiebra, ya que supondría un cambio de rumbo en el proceso con consecuencias muy negativas, tanto para los propietarios, como para los acreedores del banco. Un expediente de suspensión de pagos es una medida cautelar solicitada por la sociedad para solucionar unos problemas de liquidez, mientras que la quiebra es una decisión juidicial que lleva consigo el arresto domiciliario de los gestores hasta que se aclare la situación. Por eso todas las fuentes consultadas coinciden en apostar por una solución antes del próximo sábado.

A partir de esa fecha, empieza a correr el segundo plazo del procedimiento, también de 30 días hábiles, en el que los interventores judiciales tienen que emitir su dictamen para que el juez tome la decisión sobre el expediente.