Una ocasión perdida

Considera el autor del artículo que los escándalos en tomo a las finanzas y la política denunciados desde los medios de comunicaci6n exigen, por su importancia, ser tratados con rigor por los partidos políticos. Explica y desarrolla a continuación las tres medidas que ha propuesto el CDS para conseguir una mayor transparencia y control del gasto de las formaciones políticas en períodos electorales.

Los últimos escándalos políticos y financieros descubiertos por los medios de comunicación han generado en la opinión pública una preocupante sensación de corrupción generalizada. Los partidos han reaccionado de forma diversa ante esta creciente amenaza. No pocos portavoces aprovechamos esta ocasión para transmitir a la ciudadanía mensajes apocalípticos. Tampoco faltaron los que admitiendo con aparente preocupación la existencia del problema no han osado traspasar las fronteras del mero reconocimiento, sin apuntar ninguna solución práctica.La cuestión es demasiado grave para ser abordada desde el oportunismo político o desde la frivolidad. Tan rechazables son las actitudes deliberadamente alarmistas como el recalcitrante recelo a admitir cambios que alteren los cómodos hábitos de los partidos.

Es verdad que la corrupción amenaza no sólo al ámbito político sino a todas las esferas donde resida cualquier tipo de poder. No valen, por tanto, las recetas globales. Es menester detenerse en todos los lugares donde se proyecte la sombra de este tipo de conductas.

En esta lógica, el CDS abordó un frente localizado del problema: propuso al Parlamento tres medidas concretas para modificar la financiación de las campañas electorales de los partidos políticos. Es patente el malestar de la ciudadanía por los despilfarros, la opacidad y los chanchullos que acompañan a las caravanas electorales.

No pretendíamos, como algun portavoz ha querido torpemente achacarnos, zanjar este problema con esta propuesta. Proponíamos tan sólo ofrecer a la consideración del poder legislativo la posibilidad de modificar tres artículos de la Ley Electoral para dar al ciudadano la garantía de que los fondos destinados por los partidos políticos a las campañas electorales están so metidos a control y transparencia.

Control del gasto

A pesar de la claridad y la concisión de nuestra proposición, la respuesta fue contundente: las formaciones políticas que gozan del poder, central o autonómico (PSOE, PNV y CiU, así como el PP que gobierna en comunidades autónomas y Ayuntamientos muy importantes) han esgrimido los más variados argumentos para zafarse de un inoportuno incremento de la transparencia y del control del gasto.

Esto no concuerda con nuestra lógica política. En el CDS tenemos la firme convicción de que somos precisamente los partidos políticos los que debemos esforzarnos por ofrecer a la sociedad que representamos la máxima ejemplaridad.

En este sentido, pretendíamos modificar tres artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para conseguir tres objetivos:

a) Modificar el sistema de control de los gastos de los partidos en las campañas electorales. Según la legislación vigente, el Tribunal de Cuentas, institución encargada de fiscalizar la financiación de las formaciones políticas, no recibe las cuentas de las campañas de cada partido hasta, por lo menos, 100 días después de finalizar las mismas. Tiempo suficiente para consumar todo tipo de actitudes fraudulentas. No estamos afirmando que se produzcan. Intentamos tan sólo que los partidos políticos nos autoimpongamos unos controles rígidos para dar la máxima ejemplaridad a la ciudadanía.

Además, hasta que el Tribunal de Cuentas inicia sus actuaciones, el único organismo con competencias de control sobre los dineros empleados en las campañas es la junta electoral. La escasez de medios con que cuenta este organismo para conseguir sus objetivos es de todos conocida.

El CDS pretendía rellenar esta insuficiencia legislativa creando la figura del auditor. Esta persona, perteneciente al cuerpo de censores de cuentas, ayudaría a las juntas electorales a controlar los gastos de la campaña.

b) En segundo lugar, pensamos que estos auditores, nombrados por cada formación política, debían presentar al inicio de cada campaña el presupuesto de lo que cada partido pretende gastarse. De esta forma, lo que antes eran alegres declaraciones de intenciones vertidas en conferencias de prensa, pasarían a tener una corporeidad escrita para ser cotejados por la junta electoral correspondiente.

c) Por último, el CDS pretendía endurecer significativamente las multas a los administradores que falseasen las cuentas de los partidos. La redacción actual de la Ley Electoral prevé unas sanciones que van desde las 30.000 a las 300.000 pesetas. Nosotros proponíamos establecer sanciones pecuniarias auténticas: de 5 a 100 millones de pesetas. En caso de insolvencia del administrador, y para evitar el fraude de ley, proponíamos que los partidos políticos respondieran de forma subsidiaria.

Más transparencia

Con estas medidas no estábamos afirmando que se cometieran más o menos irregularidades. Nuestra intención es transmitir a la sociedad, en estos momentos tan delicados, señales inequívocas de que queremos ser más transparentes y estar más controlados. Los partidos políticos poderosos han desechado las armas de la transparencia y el control que les ofrecíamos desde el centro.

Parece ser que las formaciones políticas bien pertrechadas prefieren librar esta singular batalla desde sus fortalezas al margen de la indiscreta vigilancia de la opinión pública.

Desde nuesta posición política, lamentamos no haber sido escuchados; pero esta actitud, lejos de desanimarnos nos motiva en este apasionante reto de devolver la credibilidad a la tan cuestionada vida política. Porque en el CDS, y ahora más que nunca, estamos convencidos de que hay cosas por las que merece la pena luchar... aunque se pierda.

José Ramón Caso es diputado y portavoz del CDS en el Congreso.