La CE retoca la reforma de la Ley de Ordenación de las Telecomumeaciones

La Comunidad Europea ha remitido al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) un escrito en el que aconseja la introducción de algunas rectificaciones en el proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Estas rectificaciones, que según fuentes del MOPT son meramente redaccionales, se introducirán con enmiendas en el próximo debate parlamentario del proyecto de ley. Éste es el primer caso en el que un proyecto de ley español es enviado a Bruselas.El proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones surge como consecuencia de adaptar la legislación española (en concreto, la LOT) a las normativas comunitarias del sector. Dicho proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en el último trimestre de 1991, fue remitido a Bruselas, aunque no había obligación para ello según fuentes oficiales, con el fin de evitar posteriores problemas.

Tanto la elaboración del texto como su articulado definitivo, han estado rodeados de una gran polémica y sujetos a fuertes críticas en España.

El aspecto más polémico del proyecto de ley radica en la posibilidad de sancionar, e incluso cerrar emisoras de radio en caso de "divulgación del contenido o de la simple existencia, la publicación o cualquier otro uso, sin autorización, de toda clase de información obtenida mediante la intercepción o recibida de forma involuntaria de telecomunicaciones no destinadas al uso público general".

Los detractores del proyecto de ley siempre han señalado, además, que con este articulado no se consiguen los niveles mínimos de liberalización del sector exigidos por la CE. Es decir, que el protagonismo de Telefónica sigue siendo excesivo. En esta línea, consideran poco afortunado que el calendario de liberalización se aplace hasta 1996.

Otro de los puntos de conflicto es la consideración, de servicios de valor añadido, puesto que es sobre ellos donde se aplicará totalmente el régimen de libre competencia. Diversas fuentes del sector coinciden en que en el proyecto de ley no está claramente definido lo que se entiende por servicio de valor añadido. Los otros dos ejes fundamentales de crítica al proyecto de ley se centran en la reventa de servicios y en la red única.

El proyecto de ley rechaza la posibilidad de revender el servicio. Es decir, niega que una empresa compre una determinada línea y que parte de la capacidad de esa línea la rentabilice.