El senador de HB Iruin, acusado de ser dirigente de ETA en el sumario del 'impuesto revolucionario'

El senador de HB Iñigo Iruin, acusado por el juez Carlos Bueren de gestionar el impuesto revolucionario, es considerado dirigente de la banda terrorista ETA en el sumario abierto tras la desarticulación parcial de la red de extorsión por parte de la policía autonómica vasca. Fuentes judiciales han asegurado que en el sumario elevado al Tribunal Supremo por Bueren hay pruebas de la "pertenencia a ETA en grado de dirigente" de Iruin, y de la militancia de Álvaro Reizabal -abogado de HB, actualmente detenido . Por otro lado, el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, presentó ayer una querella contra el diputado Jon Idígoras y otros dos destacados dirigentes de HB por apología del terrorismo y amenazas a los Gobiernos central y vasco.

El senador de Herri Batasuna fue acusado el pasado día 7 de febrero por el departamento de Interior del Gobierno vasco de actuar como "secretario" y "agente de seguridad" de la banda terrorista en el cobro del impuesto revolucionario. En respuesta a las implicaciones en la red de extorsión, Iruin declaró el mismo día: "Este asunto terminará diluyéndose sin consecuencias de tipo penal hacia mi persona".El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, presentó ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra Jon Idígoras, diputado y miembro de la Mesa Nacional de HB; Florencio Aoiz, diputado autonómico navarro, y Adolfo Araiz, miembro de la Mesa y parlamentario foral, informa . El fiscal los acusa de apología del terrorismo y graves amenazas a los Gobiernos central y vasco, así como de desacato al juez Carlos Bueren y al consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa. Torres solicita al Supremo "la prisión provisional incondicional de los querellados a la mayor brevedad".

Los tres miembros de HB denunciados dieron el pasado 31 de enero en Pamplona una conferencia de prensa sobre la desarticulación de la red de cobro del impuesto revolucionario de ETA. La querella, que firma Torres, recuerda que Idígoras destacó "la debilidad del Gobierno", con las siguientes apostillas: "Asaltando sedes, deteniendo a militantes e intentando criminalizar a HB no nos van a poner nerviosos (...) No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a responder. No van a encontrar ninguna solución por la vía policial", y calificaba la capacidad de ETA como "muy importante".

Idígoras aseguró que perseguiría "judicialmente hasta debajo de la carna" al consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, y achacó al juez Carlos Bueren [titular del Juzgado número uno de la Audiencia Nacional y responsable de la operación contra el impuesto] de "ejercer un papel político" y mantener "secuestrado" al abogado Álvaro Reizabal. Araiz calificó un registro judicial de "allanamiento".

La querella precisa que tales expresiones constituyen en principio un delito de amenazas graves al Gobierno de la nación y al Ejecutivo vasco; un delito de desacato mediante amenaza y calumnia contra Bueren y Atutxa y apología de terrorismo.

La querella pide que, "por la razón de la gravedad de los hechos en sí, su trascendencia, la alarma social causada y la reiteración de la conducta especialmente en cuanto se refiere al aforado [Idígoras], se acuerde la prisión provisional incondicional de los querellados a la mayor brevedad". Las amenazas a los Gobiernos central y autonómicos llevan aparejada una pena de seis años y un día a doce años de cárcel; las amenazas, calumnias y desacato a las autoridades, de un mes y un día a seis meses, y la apología del terrorismo recibe una sanción según la gravedad de los hechos, informa Efe.

Nuevas querellas

Entretanto, las fiscalías de las Audiencias de San Sebastián, Bilbao y Pamplona analizan, por orden de Torres, las declaracionés de otros miembros de HB que pudieran ser constitutivas de delito y que podrían desembocar en nuevas querellas. La presentación de esta querella se ha producido tras el anuncio el pasado jueves del presidente del Gobierno, Felipe González, de que instaría -algo que formalmente aún no ha ocurrido- al fiscal general a actuar contra los miembros de HB que "impunemente amenazan al corazón del Estado". Sin embargo, estos escritos se venían elaborando de antemano, según fuentes de la fiscalía.

Mientras se buscan evidencias de conexiones delictivas entre dirigentes de HB y ETA, la fiscalía sigue estudiando la viabilidad jurídica de llegalizar HB, posibilidad que presenta serias dificultades técnicas, tal y como han alertado los expertos de esta institución. Desde la fiscalía se recuerda que la petición de ilegalización a los tribunales no se ciñe a esta institución, sino que podría ser planteada además por un partido.

El responsable jurídico de la Mesa Nacional de HB, Adolfo Araiz, contra el que ha actuado Torres, aseguró ayer en San Sebastián que "ETA comparte los sentimientos de la mayoría del pueblo vasco", informa Aurora Intxausti. Una mayoría que, según Jon Idígoras, se vio reflejada en la manifestación que HB celebró en Bilbao, y que a tenor de sus palabras no se cuantifica por el número de votos que emiten los ciudadanos: "No se puede pretender decir 'aquí estamos todos los partidos, nos han votado y por tanto ostentamos la mayoría de este pueblo'. Ellos ostentan la mayoría para determinadas cuestiones para otras no".

Por otra parte, el presidente del Grupo Socialista del Congreso, Eduardo Martín Toval, expresó ayer la disposición del PSOE a reformar la ley para que los terroristas cumplan íntegramente sus condenas si hay un acuerdo unánime de los partidos.