"Queremos seleccionar los jueces y decidir las prioridades de la Justicia"

Pascual Sala sufrió duras críticas cuando, como estaba pactado por el PSOE con la oposición -excepto IU-, accedió a la presidencia del CGPJ. Antes ocupó, durante más de dos años, el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas, que tiene entre sus funciones la de controlar la financiación de los partidos.Pregunta. ¿Por qué no multó a los partidos que cometieron irregularidades o envió los hechos a los tribunales ordinarios, a pesar de que la ley daba facultades para lo uno y lo otro?

Respuesta. Las multas sólo pueden imponerse a las entidades o empresas que contraten Con los partidos políticos. A éstos se les puede sancionar con la reducción de la subvención y, en este sentido, propusimos la sanción a varios partidos pequeños.

P. ¿Por qué no a los grandes?

R. Quizá porque los grandes tenían mejores estructuras contables (sonríe). Lo que ocurre es que la ley no define bien quién tiene la potestad de sancionar a los partidos políticos, porque esa potestad hay que otorgarla expresamente en ley, no se puede adivinar.

P. ¿Cree usted que los jueces cometen excesos en su tarea de control de los actos del Ejecutivo?

R. Excesos, no. Puede haber sentencias con las que no esté de acuerdo el Gobierno, igual que los particulares, y por eso se recurren, sobre todo en la jurisdicción contencioso-administrativa.

P. ¿Y los procesos penales contra políticos?

R. Las posibilidades que ofrece el sistema judicial penal español, a mi juicio muy adecuadamente, al no admitir el monopolio de la acción penal por el fiscal y aceptar la acusación particular y la acción popular, a veces producen una falta de garantías. Porque un querellante particular puede iniciar una causa con motivaciones políticas y con el único objeto de obtener resonancia a través de los medios de comunicación social.

El control al Gobierno

P. El Gobierno proyecta eludir el control judicial sobre una serie de actos suyos. ¿Qué opina de esta iniciativa?R. La doctrina del acto político incontrolable no rige ya en la mayoría de los países. Sin embargo, no todos los actos del Gobierno pueden ser controlados por la jurisdicción contencioso-administrativa. Por ejemplo, los que afectan a los compromisos internacionales del Gobierno o a la defensa nacional. En cambio, sus efectos económicos sí son controlables. Una decisión como la de mandar las fragatas al Golfo no sería controlable en ningúnpaís; ahora bien, las consecuencias o los efectos económicos, sí.

P. El primer año de mandato del CGPJ, ¿en qué ha mejorado la justicia?

R. En el conocimiento que se tiene de su funcionamiento. Nos hemos organizado de modo que contamos con un banco de datos sobre el funcionamiento y las necesidades materiales y de personal de cada órgano judicial de primerísima calidad que nunca se tuvo. Por eso queremos que el Ejecutivo nos deje a nosotros determinar las prioridades.

P. Esto plantea la esquizofrenia de un Consejo con los datos y la facultad de inspeccionar los órganos y un Ministerio de Justicia que controla los medios. ¿Cree que eso es operativo?

R. Un órgano supercolegiado como éste no es el adecuado para la gestión de los medios. No existe en el mundo ninguno similar que la tenga atribuida.

P. Cuando la policía y Hacienda disponen de poderosos ordenadores, ¿qué le parecen unos órganos judiciales que siguen utilizando la cuerda floja o sistemas anacrónicos de guardar autos o sumarios?

R. Me parece francamente deplorable. Hay que informatizar los órganos judiciales. Ya hay 650 que lo están y existe un banco de datos en el Tribunal Supremo. No estamos en pañales.

P. Pero, ¿cuándo ocurrirá que el último juez de un pueblo de España apriete una tecla de su videoterminal y le aparezca en la pantalla la jurisprudencia sobre el caso que tiene que resolver?

R. Quizás en menos de dos o tres años, y en todo caso dentro de nuestro mandato de cinco años, de los que quedan cuatro.

P. ¿Y cuándo planteará el Consejo la asunción de nuevas competencias, en concreto la selección de los jueces?

R. Sin necesidad de contiendas con el Ejecutivo, queremos que una de las reformas que se van a hacer en la ley orgánica del Poder Judicial sea la atribución al Consejo de la selección de jueces y magistrados para que seamos los responsables de toda ella, desde las pruebas selectivas a los cursos en el Centro de Estudios Judiciales, pasando por el tercer y cuarto turnos.

Jurado en 1993