Se abre la veda en medio de la dispersión administrativa
La veda se abre este fin de semana en la mayor parte del territorio español. El anuncio provocara la movilización de 1.300.000 cazadores con licencia. Desde febrero, han esperado el inicio de una temporada que de nuevo está presidida por la falta de una norma común administrativa. Los cazadores están obligados a sacar su licencia en cada una las comunidades autónomas donde pretendan practicar esta actividad. Las críticas a esta dispersión han sido numerosas en los últimos años, pero las soluciones están mediatizadas por el impacto económico de la caza.
Este deporte genera cada año un movimiento económico cercano a los 250.000 millones de pesetas y mantiene unos 40.000 puestos de trabajo. Tras Estados Unidos, España es el país que gasta una media más alta de dinero al año en cuestiones relacionadas con la caza. Los cazadores españoles son los segundos mejores clientes en el continente africano. Las cifras explican la efervescencia del deporte cinegético y algunos de los roces que se producen.
En Extramadura, el anuncio de una ley que aumentaba los impuestos de los cotos privados abrió una dura contraofensiva de los titulares de unas explotaciones que tienen ánimo de lucro. En el fondo del debate se situaba la gestión de una empresa que mueve en Extremadura alrededor de 25.000 millones de pesetas cada año. Los números son espectaculares en casi todos los sentidos: un puesto de montería de venados oscila entre 150.00 y 1.000.000 de pesetas. Un día de caza de perdiz en ojeo cuesta 175.000 pesetas por escopeta.
En este contexto económico, la dispersión administrativa ha levantado la protesta de un alto porcentaje de cazadores. Las comunidades autónomas disponen de la competencia para exigir la licencia, las órdenes de veda y unos exámenes propios a los cazadores. Por el momento no existen unos acuerdos intercomunitarios que aligeren y ordenen la complicada trama administrativa.
