La fiscalía afirma que el diputado Carlos Navarro es gerente y empresario de Filesa

La fiscalía de Barcelona considera que el diputado socialista Carlos Navarro es empresario y gerente de las firmas Filesa, Malesa y Time Export -firmas supuestamente utilizadas para la financiación irregular del PSOE-, según un d,ctamen aporta o a Juzga o de lo Social número 1 de Barcelona. Este juzgado debe dictar sentencia sobre la demanda laboral presentada por el ex contable de Filesa, Carlos van Schouwen, contra las citadas empresas a quienes requiere el pago de 25 millones por un trabajo realizado.En contra de la postura mantenida por el propio Navarro en su comparecencia en el Congreso para informar sobre su vinculación con las tres sociedades (Véase EL PAÍS del 29 de junio) al manifestar que no tenía datos sobre las empresas, el fiscal, tras analizar toda la documentación del juzgado de lo social, ha llegado a la conclusión de que tanto Navarro, como Luis Oliveró -administrador de las firmas- y Alberto Flores -accionista y hermano de la dirigente del PSOE Elena Flores- actuaban como empresarios y gerentes de las sociedades.

En el dictamen se asegura que existe una "cotitularidad patronal simultánea" de los tres codemandados. Añade el escrito que, en la práctica, las tres empresas funcionaban como una única firma al existir una "comunicación de crédito y bienes, al parecer con un régimen de caja única".

El fiscal tampoco ha tenido en cuenta la alegación hecha en el juicio por la abogada de Navarro no acudió al juicio pese a estar citado-, quien intentó convencer a la juez de que la vinculacíón del diputado socialista con las firmas finalizó en noviembre de 1988, al vender las 200 acciones que poseía. El fiscal Alvaro Redondo, que ha realizado el informe bajo la dirección del fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, manifestó ayer que si el juzgado de lo social da la razón al demandante, Navarro, Flores y Oliveró deberían responder conjuntamente del pago en su calidad de gestores de las tres sociedades.Investigación en el Supremo

Respecto a la posible existencia de indicios de delitos penales en la documentación entregada al juzgado, Redondo manifestó que la postura de la fiscalía era la de no entrar a valorar esas cuestiones, "toda vez que existe un procedimiento abierto en el Tribunal Supremo y con la intervención directa del Fiscal General del Estado". La Fiscalía entiende que el ex contable tenía una relación laboral con las tres sociedades y que éstas no pueden aducir que se trata de un ciudadano extranjero, sin permiso de trabajo, para desatender la demanda planteada.

El director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Alberto Valdivieso, declaró ayer ante el juez de Barbate (Cádiz), Rafael Tirado Márquez, en relación con el proyecto de urbanización Puerto de la Plata, que dio origen a las investigaciones sobre supuestas intermediaciones de Juan Guerra.- EFE