El PP pretende reformar las normas del Congreso para controlar directamente al jefe del Ejecutivo

El Partido Popular elabora una propuesta de reforma del reglamento del Congreso que presentará a debate en el próximo mes de septiembre con vistas a conseguir que el presidente del Gobierno, Felipe González, pueda ser objeto de control personal con cierta periodicidad. Dicho control es ahora imposible, pues las preguntas e interpelaciones de la oposición son "al Gobierno", y cualquiera de sus miembros puede hacer frente a ellas.

Por otro lado, la reforma del reglamento del Senado está muy avanzada y sólo falta la decisión política de llevarla a la práctica en su transformación en una Cámara de representación territorial, sin abandonar sus funciones legislativas. El presidente del Senado, Juan José Laborda, manifestó ayer: "Si no se hace en los próximos tres meses, no se hará nunca".Con la propuesta del PP serán ya dos grupos -anteayer lo hizo el PNV- los que en el mes de septiembre abrirán el debate, tantas veces cerrado, de la reforma del reglamento del Congreso. El portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, informó ayer a este periódico del estudio que lleva a cabo la portavoz adjunta Loyola de Palacio y que estará terminado para septiembre.

Cuando se alcanza algo más de la mitad de la legislatura, los grupos de la oposición intentan restar preeminencia al Ejecutivo despojándolo de lo que consideran privilegios. En este sentido, el portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, defenderá que no sea el Gobierno el que cierre los debates, sino que esta facultad -es decir, la última palabra- la tenga la oposición.

El PP quiere ir más lejos y apunta directamente a la figura del presidente del Gobierno. El portavoz de este grupo, Rodrigo Rato, indicó ayer cuál era su último objetivo: "Forzar la presencia del presidente del Gobierno para que pueda ser sometido a control con todo rigor". El cambio en el reglamento incluiría la mención directa al presidente como objeto de control.

Así, tanto las preguntas como las interpelaciones de la oposición nunca tienen respuesta por parte del presidente, sino que esta tarea la desempeña cualquier miembro de su Gabinete. En este sentido, el PP pretende fijar cómo, debe ser la ordenación de los debates, de manera que el presidente no sea quien libremente decida sobre ello. El PP vive con especial irritación el hecho de que González, en los debates del estado de la nación o en los europeos, responda globalmente a todos, ya que lo que buscan es el debate entre su presidente, José María Aznar, y Felipe González.

En la reforma que prepara el PP también se incluye un capítulo dedicado a las comisiones de investigación, de manera que se levante el poder de la mayoría para autorizar la constitución de estas comisiones y que se sustituya por el voto de mayoría simple.

Actitudes políticas

El presidente del Congreso, Félix Pons, prefiere no emitir opinión respecto a la conveniencia de reformar el reglamento con el recordatorio de que la iniciativa corresponde a los grupos parlamentarios. No obstante, manifestó que el principal cambio debía venir "en las actitudes políticas", tanto del Gobierno como de la oposición. Pons siempre ha defendido la presencia habitual en las Cámaras del presidente del Gobierno y de los líderes de la oposición, lo que ocurre muy infrecuentemente.

Por otro lado, el presidente del Senado, Juan José Laborda, se manifiesta fervorosamente partidario de que la reforma del Senado se lleve a cabo de forma inmediata y, sobre todo, cuando los textos para la reforma están prácticamente ultimados. Las discusiones y debates sobre distintas fórmulas para añadir al Senado la función de Cámara territorial se prolongan desde hace años y siempre han quedado en suspenso por el veto de uno u otro partido.

La reforma prevista, que Laborda pretende sea presentada el próximo otoño en un debate sobre las autonomías, incluye la creación de una comisión de autonomías que sirviera de foro para dirimir cualquier conflicto entre Administración central y comunidades autónomas y como centro político de debate de todo lo que concierne a las 17 comunidades. Una de sus misiones específicas sería la de discutir los proyectos de ley que puedan afectar a las competencias de las comunidades autónomas antes de que pasen oficialmente a estudiarse en el Congreso y, finalmente, para liberarla de conflictos que suelen terminar en el, Tribunal Constitucional. Las leyes del Suelo y de Costas serían ejemplos claros de las normas que tendrían cabida en esta comisión. En esta instancia, además de senadores por grupos parlamentarios, habría un consejero con carácter fijo designado por cada comunidad autónoma, y los presidentes de los Gobiernos autónomos siempre ocuparían un lugar permanente.