La ley que regula el privilegio judicial de los diputados termina su tramitación
La reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga a los altos cargos y a los parlamentarios el privilegio de no acudir a testificar ante el juez, finalizó ayer su tramitación parlamentaria y será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado.
La nueva normativa -que fue aprobada por el pleno del Congreso y posteriormente modificada en algunos puntos por el Senado-, establece en su formulación final que el presidente y los demás miembros del Gobierno; los presidentes del Congreso y el Senado, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado y los presidentes de las comunidades autónomas, además de los parlamentarios, están exentos de corcurrir al llamamiento del juez, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de los que tengan conocimiento por razón de su cargo.
Coincidiendo con la finalización del trámite parlamentario, el PP reiteró ayer al presidente del Congreso, Félix Pons, su petición para que se modifique en las actas el sentido de la votación de dos de sus diputados durante el pleno celebrado el pasado 25 de abril. Según el PP, uno de los dos votos quedó alterado por un fallos en el sistema electrónico.
