Quebec, de nuevo
CANADÁ ESTÁ pasando por una de las crisis económicas más serias de su historia. Su gigantesca deuda externa alcanza casi el 46% de su producto nacio al bruto. El paro se extiende y afecta de modo particularmente agudo a la provincia francófona de Quebec. Se ha acabado la época en que los inmigrados se colocaban con facilidad: muchos de ellos han pasado de la miseria en un clima cálido a la miseria en uno de los países más fríos del mundo. La causa de esta recesión es atribuida en buena parte al acuerdo de libre cambio pactado hace dos años por Washington y Ottawa: la difícil situación económica por la que atraviesa EE UU se traslada a Canadá. En medio de la crisis económica es sintomático que, en la escena política, ocupe el lugar prioritario el problema de las reivindicaciones nacionales de Quebec y de su soberanía.Después del fracaso, en junio pasado, de la negociación del lago Meech -que intentó en vano un acuerdo de las provincias para otorgar a Quebec un estatuto especial-, el Partido Liberal, que hoy gobierna esta provincia francóforia, ha sorprendido a la clase política de Ottawa con una brusca radicalización de su actitud. El jefe liberal del Gobierno de Quebec, Robert Bourassa, ha lanzado el 29 de enero una especie, de ultimátum al Gobierno federal: si Ottawa no le concede "una autonomía política completa", el Partido Liberal organizará un referéndum sobre la soberanía antes del otoño de 1992. Dos puntos llaman la atención en este ultimátum de Bourassa, el cual obtendrá sin duda, en un congreso convocado el próximo mes de marzo, el apoyo entusiasta de su partido. Primero, el hecho de que el Partido Liberal y Bourassa hayan sido hasta ahora los moderados, los que, enfrentándose al nacionalismo del "partido de Quebec", han defendido siempre la necesidad de conservar las relaciones con la Federación Canadiense.
En segundo lugar, la "autonomía política" que Bourassa reclama de Ottawa -como condición imprescindible para evitar la convocatoria de un referéndum sobre la soberanía- es de una amplitud extraordinaria. Quebec reclama para sí plenos poderes en 22 materias, como la cultura, la lengua, la agricultura, todo lo referente al sector audiovisual, la industria, la energía, etcétera. Se reservaría al Gobierno federal la competencia en la moneda, las aduanas y la defensa. Y se establecerían poderes compartidos en materia de justicia y relaciones exteriores. Al mismo tiempo, los liberales de Quebec preconizan cambios serios en la Constitución de Canadá, como la supresión del Senado y un sistema flexible que permita a las provincias angléfonas delegar al Gobierno federal poderes que, en el caso de Quebec, quedarían reservados al Gobierno provincial. Sería dar nacimiento a una especie de federalismo de dos velocidades.
Es aún difícil prever las consecuencias que se van a derivar. de la nueva actitud adoptada por el Partido Liberaíde Quebec. En todo caso, choca con los planes de EE UU de impulsar, ante la perspectiva del mercado único europeo de 1993, una gran comunidad de 360 milllones de americanos, englobando desde el Gran Norte canadiense a las mesetas mexicanas, basada en los acuerdos de libre cambio que Washington ya ha firmado con Ottawa y México. En todo caso, el asunto de Quebec refleja un fenómeno hoy bastante general, que tiene en Europa diversas manifestaciones: el auge de los nacionalismos que se basan en raíces de orden histórico, cultural y lingüístico.
Bourassa ha proclamado que su meta es salvar la supervivencia de "la única sociedad francófona de América dlel Norte". Cabe esperar que la moderación de los dos bandos permita que ello sea posible sin rupturas.
