Contra la impunidad

EL PULSO mantenido durante nueve años entre la justicia y la impunidad en torno al llamado caso Linaza ha concluido con la condena de los guardias civiles acusados de haber torturado y maltratado a un hombre de 57 años, padre de un activista de ETA, detenido en 1981 tras un sangriento atentado de la banda terrorista. La sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao condena también a los mandos que dieron amparo a tales prácticas y obstaculizaron los esfuerzos de la justicia por aclarar los hechos. Al no cejar en el empeño de que sus reglas sean respetadas por todos, es el Estado de derecho quien sale fortalecido, y sólo quienes lo combaten podrán sentirse derrotados.Citado en varias ocasiones por Amnistía Internacional como símbolo de la pervivencia de la tortura en España, el caso Linaza se convirtió en una prueba decisiva de la fortaleza de la democracia. La negativa de los mandos a especificar los nombres de los agentes que habían participado en la detención e interrogatorios de Linaza fue seguida por otros desplantes de clara intención dilatoria. Ello retrasó inusitadamente las diligencias, por una parte, y provocó, por otra, el recurso de la justicia a métodos poco habituales, como la petición de comparecencia en rueda de reconocimiento de todos los guardias que componían la plantilla del cuartel en que se produjeron los hechos.

Dicha iniciativa estuvo a punto de suscitar un gravísimo conflicto entre poderes del Estado al amparar el Gobierno la negativa de los mandos de la Guardia Civil a dar cumplimiento a una diligencia ordenada por la juez que dirigía las investigaciones. El obstruccionismo fue justificado, tanto desde el Ejecutivo como desde sectores conservadores de la opinión, en nombre de la eficacia de la lucha antiterrorista, insinuando una peligrosa identificación entre tal eficacia e impunidad de los servidores de la ley.

El tribunal ha dado muestras de una admirable constancia en la investigación y de una valiente beligerancia en el rechazo de cualquier coartada de justificación de la tortura. Las penas impuestas a los autores directos del delito y a quienes los ampararon implican su posible expulsión de la Guardia Civil en caso de confirmación de la sentencia. Entre ellos destaca el teniente coronel Rafael Masa, un controvertido funcionario policial al que posteriormente se le relacionó con el asesinato de Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna, en noviembre de 1984.

Con su actitud intransigente ante la tortura, el tribunal muestra un criterio que los responsables de los cuerpos de seguridad y el Gobierno deberían ser los primeros en practicar: nadie que sea reo de un delito de esta naturaleza o muestre tolerancia ante él puede permanecer al servicio del Estado y mucho menos merecer su protección. Por una cuestión de principios, y ello debería bastar. Pero también por un criterio de eficacia. Escándalos como el del caso Linaza han sido utilizados durante años por las autoridades francesas para justificar su relativa pasividad ante el santuario de los terroristas. Y la experiencia ha demostrado hasta qué punto era decisiva esa colaboración internacional en la erradicación del terrorismo.