Cuestiones de principio

Considera el autor del texto que el Congreso del PSOE es importante para todos porque, en definitiva, se trata de un partido que gobierna la nación, más de la mitad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos donde viven más del 60% de los españoles, y dado que su papel central en la democracia se va a mantener en todo escenario político previsible para bastante tiempo.

La importancia que el congreso tiene para todos debe ser motivo de satisfacción, a la vez que de responsabilidad, para el PSOE. A lo largo de tres días, los socialistas tendrán oportunidad de debatir y tomar decisiones acerca de tres grandes cuestiones: qué programa político ofrecen a la sociedad española, cómo reforzar unos valores que son centrales para la democracia, cómo enriquecer el partido como organización.1. El 32º Congreso del PSOE debe ser la ocasión idónea para discutir acerca de lo que significa un proyecto de izquierda tras la caída del muro de Berlín y de lo que ello supone en un país de las características de España. Sucede, además, que esta discusión es relevante para toda la izquierda europea. Tras la crisis del Partido Laborista británico en 1979 y del SPD alemán en 1982, las experiencias políticas de los partidos socialistas del sur de Europa adquirieron particular importancia tras su acceso al poder en Francia, Grecia, Portugal y España entre 1981 y 1983. De todas ellas, la española ha atraído particularmente la atención: no ha tenido que imprimir giros a su rumbo, como los franceses en 1982 o los griegos en 1985, ha podido ganar tres elecciones consecutivas y mantenerse como partido predominante, y ha supuesto un ejemplo consistente de gestión socialista en los ochenta, reflejando, en buena medida, la creciente convergencia de la izquierda a lo largo de la década, reforzada en el último año por la búsqueda de nuevos caminos políticos y económicos en la Europa del Este tras el colapso del comunismo.

Esta notable convergencia política que vive la izquierda, en buena parte se basa en la aceptación de una relación contradictoria a la vez que necesaria entre democracia y mercado; no caben ya dudas de que el mercado es imprescindible para una economía viable tanto como para una democracia pluralista, pero son también evidentes su compatibilidad con dictaduras y las desigualdades que genera. Por ello, las políticas socialistas defienden la intervención del Estado como garantía de los principios democráticos frente al imperio absoluto del mercado, a la sociedad cívil frente al Estado burocrático, y al individuo frente al poder público y al poder privado. A la vez, la socialdemocracia europea, desde la Suecia de Carlsson a la Francia de Rocard, busca desde hace un tiempo un nuevo equilibrio entre la eficacia económica y la equidad social: entre la competitividad y la solvencia de la economía, los derechos sociales y la extensión de la democracia. La convergencia ha tenido lugar no sólo entre partidos, sino también dentro de ellos. De forma creciente, las estrategias de la izquierda se han ido concentrando en cómo combinar esos diferentes objetivos y cómo llevarlos a la práctica. Y, a la vez, en cómo dar respuesta a grandes interrogantes de la política socialista: el medio ambiente, las relaciones Norte-Sur, las nuevas formas de pobreza, los brotes de xenofobia y racismo, la ampliación de la democracia a nuevas áreas. Todo ello ha ido formando parte de las señas de identidad de la izquierda. Las respuestas presentan todavía grandes lagunas e incertidumbres; por añadidura, las políticas socialistas se enfrentan a nuevas dificultades económicas en el escenario internacional, tras una década de crisis económica y un lustro de expansión. La definición de un reformismo que lo sea de verdad, más allá del pragmatismo de pensar que "socialismo es lo que hacen los socialistas", requiere examinar a fondo esos problemas y darles respuesta con programas políticosBalance positivoLa experiencia de los ocho años de Gobierno resulta, sin duda, parte central de la reflexión. El balance de esa gestión resulta abrumadoramente positivo, ya se observe la situación internacional de España, la política económica, la transformación de las Fuerzas Armadas, la extensión de las prestaciones sociales o las reformas educativas. No resulta sorprendente que todas las encuestas de opinión señalen que una mayoría muy amplia de los ciudadanos piense que la democracia es hoy mucho más sólida, que la desigualdad social ha disminuido, que las libertades se han reforzado y que su situación personal en particular ha mejorado. La sociedad española posee hoy una renta superior en más de un 25% a la de 1982, alrededor de 10 millones de personas han pasado a estar cubiertas por el sistema de pensiones, a estar atendidas por la sanidad pública, o a estar escolarizadas en la enseñanza secundaria o en la universidad. Resulta incuestionable que los avances a partir de la recuperación de la democracia, y en particular a lo largo de los pasados ocho años, han sido ingentes. Ahora bien, el debate socialista no se puede convertir en autocomplacencia. Si la botella se ha llenado mucho, es cierto también que sigue estando bastante vacía: en comparación con la mayoría de los países de Europa occidental, España sigue sufriendo retrasos importantes en el nivel de desarrollo de su economía, en la extensión del desempleo, en la eficacia de sus instituciones o en la amplitud de sus políticas sociales. Las políticas de estos años han mejorado la situación del país en general, y probablemente más en el caso de las zonas más pobres y predominantemente rurales, pero existe un malestar urbano, entre los jóvenes, entre ciertos grupos de clase media, que ha recortado el voto socialista, y siguen existiendo desigualdades sociales profundas. Por ello, el debate socialista debe tener como uno de sus ejes la combinación de política económica, política social y política fiscal.

La política económica no puede responder evidentemente a oportunismos electorales o estéticos: cuando esto ha sido así en otros países o en otras ocasiones, las consecuencias han sido nefastas. La competitividad y la solvencia de la economía deben asegurarse, rechazando todo aquello que signifique "talar el árbol para coger el fruto", más aún con el horizonte inminente de la Europa abierta; en caso contrario, los efectos serán dramáticos. Está claro, además, que la reducción del considerable desempleo que existe en España requiere tasas' altas de crecimiento económico (aunque dichas tasas no necesiten ser tan elevadas como hace unos años para generar un volumen adecuado de puestos de trabajo), sobre todo si resulta difícil redistribuir el empleo existente manteniendo los niveles de salarios, reduciendo la edad de jubilación o acortando la semana laboral. Recuperar el 25% de retraso en los niveles de renta por habitante que todavía tiene España en relación con el promedio europeo exige también una política económica que asegure un crecimiento estable a largo plazo. Las consecuencias económicas de la crisis del Golfo plantean, sin duda, problemas imprevistos y dificultades adicionales. La discusión de estas nuevas perspectivas y de las posibles a4ternativas de política económica deben ser obviamente parte importante del debate socialista.Eficacia económicaLas restricciones de la nueva situación económica son sin duda considerables, pero si la eficacia económica se ha de compatibilizar con la equidad social, el PSOE deberá defender que el gasto social crezca más que el producto interior bruto en los próximos años, hasta alcanzar la proporción que representa como promedio en la Comunidad Europea. La reducción en el déficit, en los costes de la deuda, en el desempleo y en las ayudas a las empresas deberían facilitar ese objetivo. Sin embargo, las políticas redistributivas no plantean sólo problemas cuantitativos: si se quiere además aumentar la calidad de los servicios públicos, deben. mejorar su gestión y la cualificación de los profesionales que los prestan, e incrementarse el papel de los ayuntamientos, insuficientemente potenciado a lo largo del desarrollo de las competencias y de los recursos de las comunidades autónomas. Las políticas sociales deben tener además un mayor énfasis compensador; sí los recursos públicos son escasos, habrán de atender en primer lugar a aquellos colectivos que sufren más la desigualdad de oportunidades o situaciones de necesidad: los parados de larga duración, los jóvenes que no encuentran su primer empleo, aquellos que no han tenido un trabajo fijo en su vida, los ancianos, los minusválidos, y aquellos que componen ese 17% de la población española que se halla por debajo del umbral de la pobreza, estimado éste como la mitad de la distribución media personal del gasto por hogar. La Ley de Pensiones No Contributivas y la aprobación en las comunidades autónomas de un mínimo social garantizado han sido pasos importantes, que deben reforzarse en la doble dirección de asegurar con carácter universal una subsistencia digna y de evitar situaciones de dependencia pasiva no justificada.

La reforma fiscal ha permitido en estos años financiar unas, políticas sociales más amplias y mejorar la solvencia de nuestra economía, gracias fundamentalmente a la mayor recaudación derivada de la lucha contra el fraude. Esta lucha es muy importante para construir una democracia a la vez más eficiente y más justa, si queremos acercarnos a los niveles de recaudación fiscal europeos que han hecho posible extender sus políticas sociales y si se quiere evitar una mayor presión sobre los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Las resistencias insolidarias contra la legislación fiscal son tanto más lamentables cuando se manifiestan desde centros de poder económico o monetario: puestos a ser europeos, hay que serlo en todo. El reforzamiento del mercado ha estimulado el desarrollo y la competitividad de la economía, pero también ha originado tendencias hacia una mayor desigualdad social que sólo se pueden corregir a través de las políticas sociales y de la política fiscal. Ésta debería ser parte importante de la reflexión socialista: por mucho que a algunos les pese, el PSOE no es un partido liberal, entre otras razones porque no entiende la libertad como privilegio. Esta es una cuestión de principio. El Congreso debe reafirmar su reformismo.