Democracia económica y economía social

Hace algunos días, (el pasado 19 de julio) en esta sección, aparecía un artículo en el que su autor, José Briones, abogado especialista en temas mercantiles, evaluaba de manera exhaustiva la participación de los trabajadores en la empresa señalando que, a pesar de existir en España más de nueve millones de asalariados, en muy pocos casos se sigue el mandato constitucional, recogido en el artículo 129.2, referido a la participación de éstos en sus empresas, la formación de cooperativas y el acceso de los trabajadores a la "propiedad de los medios de producción".Creo oportuno destacar el fondo y la forma del traba . o del señor Briones que, sin concesiones demagógicas, aflora uno de los temás más candentes de la construcción económica y social de nuestro país y, con seguridad, también de la evolución y definitiva composición de los equilibrios y desarrollos económicos, sectoriales y territoriales en el marco de la Europa Comunitaria y, ello, sin evaluar las inevitables incidencias de la osinótica metamorfosis de los países de la Europa del Este.

Quisiera, pues, aportar algunas reflexiones complementarias al trabajo del señor Briones y exponer que en la lógica política y económica de nuestro país, el mandato constitucional recogido en el artículo 129.2 no es, a mi entender, un mandato incumplido, sino que, tal vez, existen actualmente las mejores e irrepetibles condiciones para que su concreción alcance el máximo nivel de desarrollo.

Es importante referirse a nuestra Carta Magna como punto de referencia y epicentro del que emana todo el acervo legislativo constitucional, pero, en democracia, las leyes las dicta el Parlamento, mosaico de sensibilidades ciudadanas muy heterogéneas, y gobierna el proyecto político que concita una mayor representatividad homogénea en unas elecciones generales. Esto, que parece una obviedad, no lo es tanto si acentuamos los matices; es decir, aceptación consensuada de una filosofía constitucional, denominador común de convivencia de todos los españoles sin exclusión; dotarnos de un cuerpo normativo que regula realidades concretas, aunque tamizadas por la voluntad política de una mayoría parlamentaria que, a su vez, es la manifestación palpable del programa electoral que le ha otorgado esta representatividad mayoritaria.

En este sentido, desde octubre de 1982, el PSOE asume la responsabilidad de gobierno con una oferta programática que me permito sintetizar en cuatro grandes bloques: avanzar y profundizar las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos, consolidar la democracia en todos los ámbitos de la sociedad española, normalizar el natural desarrollo del Estado de las autonomías, y propiciar una senda de crecimiento económico que transformara y modernizara nuestras estructuras e infraestructuras productivas, todo ello para que nuestro país alcanzara las cotas de desarrollo interno y la proyección exterior que se nos había hurtado.

No estimo procedente evaluar esta descriptiva panorámica de conjunto, pero sí me parece necesario significarla, porque es innegable que en términos de proyecto político sienta las bases de nuestra dinámica evolutiva de futuro. Sin embargo, esta descripción quedaría incompleta si no hiciera una mención especial al enorme peso específico que han ido adquiriendo los agentes económicos y sociales, especialmente sindicatos y patronal, los cuales, además de ejercer un papel imprescindible para el desarrollo democrático y económico de una sociedad moderna, se han visto obligados a transformar sus estructuras para dar respuesta a lo que esta sociedad les demandaba.

Redistribución

Sin la evolución y consolidación de todos y cada uno de los aspectos citados, probablemente no hubiera podido confeccionar su oportuno artículo el señor Briones y no se podría abordar esta recién estrenada legislatura tomando como referente central el desarrollo de la democracia económica que permite normalizar las bases de una Mayor y mejor redistribución de la renta, la riqueza y el empleo, abordar una reforma fiscal, buscar fórmulas que mejoren la competitividad empresarial e incentivar los mecanismos de participación en las fórmulas de autoempleo, cooperativismo o sociedades laborales.

En este marco de objetivos políticos y económicos se han ido creando las condiciones naturales de una sociedad moderna, democrática y en desarrollo, de manera que las acciones políticas de fomento de la cultura empresarial de los trabajadores tengan su concreción en proyectos socieconómicos generadores de empleo, renta y una responsabilidad en el control de la gestión de sus medios de producción, hecho que, sin duda, revitaliza la voluntad de intenciones proclamada en nuestra Constitución.

Un breve repaso a la década de los ochenta, en lo concerniente a medidas que incentivan la participación de los trabajadores en el autoempleo, nos ofrece una panorámica que permite ser optimistas ante los retos de futuro. Así pues, en el aspecto legislativo se han actualizado y dotado de proyección empresarial leyes tan importantes como la Ley General de Cooperativas de 2 de abril de 1987, la Ley de Sociedades Anónimas Laborales de 25 de abril de 1986, la Ley de Cooperativas de Crédito de 26 de mayo de 1989, y actualmente se encuentra en trámite parlamentario la Ley Fiscal de Cooperativas, que entrará en vigor antes de finalizar este año 1990. Asimismo, hay que recordar, por su incidencia, el Real Decreto 1044/85, de 19 de junio, que permite la capitalización del desempleo en un único pago a fin de ser invertido como participación en cualquier proyecto empresarial de autoempleo y, por otra parte, la puesta en escena de la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones que con otro contenido permite la canalización del ahorro y ventajas fiscales incorporadas a los trabajadores que, a través de sus empresas, se garantizan una prestación complementaria en un tiempo futuro.

De manera complementaria y como elemento indispensable para fortalecer un sector económico, que genéricamente denominamos economía social, se ha articulado una política que ha permitido un fuerte desarrollo asociativo de las cooperativas y las sociedades laborales aportando, con ello, unas bases estructuradas con una lógica de funcionamiento acordes con un modelo de desarrollo socioeconómico con referente democrático y solidario de la economía por su efecto redistributivo de riqueza y empleo. Destacando asimismo la autóctona capacidad representativa y de interlocución que estas asociaciones empresariales han adquirido en legítima defensa de sus intereses, razón que presumiblemente explique, aunque no justifique, la inhibición de sindicatos y patronal en no plantear, ni tomar en consideración, temas y problemas específicos que afectan al colectivo de trabajadores-empresarios pertenecientes a la economía social.

Pluralismo

Posiblemente, en términos de futuro próximo, si la sociedad en su conjunto admite con sensibilidad y rigor el pluralismo económico y avanzamos en acuerdos que hagan más competitivo nuestro país, prosperará la idea de los que pensamos que la dialéctica determinista empleador-asalariado, base neurálgica de toda nuestra legislación laboral y elemento exclusivo de negociación en la concertación social, no es la única metodología para resolver la amalgama de problemas que planean sobre nuestro entorno socioeconómico.

El Gobierno, en mi opinión, está dispuesto a asumir sus responsabilidades y por ello plantea la necesidad de discutir diversos mecanismos que fomenten la participación de los trabajadores en la empresa.