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Garzón discrepa de Manglano sobre la incomunicación de detenidos, según Pedrol

Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogacía, reveló ayer, en un encuentro con periodistas, algunas confidencias que el juez Baltasar Garzón -habitualmente muy discreto en sus relaciones con la prensa- le hizo sobre temas jurídicos, poco después de ordenar la incomunicación de varios implicados en un asunto de tráfico de drogas. "Garzón me dijo que no compartía las teorías de Luis Manglano [juez del caso Naseiro] y que la incomunicación sólo debe acordarse en supuestos muy excepcionales", afirmó Pedrol.En todo caso, y a la vista de las diferentes interpretaciones de los magistrados, Pedrol resaltó que el órgano supremo de la abogacía española, la asamblea de decanos, acordó en su última reunión, celebrada el jueves último en Madrid, proponer la reforma del artículo 527 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicado recientemente por los jueces Manglano y Garzón para evitar, mediante la incomunicación y la asistencia letrada de oficio, que los detenidos por presunta participación en graves delitos económico o de tráfico de drogas, respectivamente, se pusieran de acuerdo para declarar.

Pedrol mostró su preocupación por los delitos que fomentan el consumo de droga y recordó que él fue el primer promotor de la liberalización del comercio de drogas, "a fin de atacar a los narcotraficantes por el aspecto económico, ya que el 90% de los delitos que comenten los jóvenes tiene como motivo la necesidad de comprar droga". La inquietud de Pedrol por el tráfico de drogas le condujo a expresar coloquialmente su deseo de que "a Garzón le salgan bien las cosas [las relativas al narcotráfico]", mientras que, preguntado por una periodista por Manglano, señaló: "De Manglano no digo nada". En tono de broma, añadió: "Creo que ha pedido el traslado".

Escuchas telefónicas

El presidente del Consejo General de la Abogacía expresó otras preocupaciones por los riesgos actuales del derecho de defensa y en concreto manifestó su inquiellud por las escuchas telefónicas de las conversaciones de los abogados, que distinguió de la mera observación o pinchazo, sin grabación magnetofónica. Recordó que la sentencia de 24 de abril último del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha condicionado ¡a libertad del juez para ordenar la intervención telefónica a la existencia de una lista de delitos a los que se puede aplicar esta medida. Pedrol resaltó que en España no existe tal lista, por lo que "si los tribunales españoles siguen acordando intervenciones, están corriendo el riesgo de que el Tribunal de Estrasburgo anule todas las pruebas así recogidas".Pedrol manifestó que la exigencia legal de que el juez motive la decisión de intervenir una conversación telefónica no ofrece suficientes garantías. "Yo he visto maravillosos impresos del juez Manglano", dijo, en los que le otorga a la policía un cheque en blanco.

El presidente de los abogados españoles trató de hacer ver a sus interlocutores periodistas el riesgo de las intervenciones telefónicas: "Tanto nosotros como ustedes", afirmó, "recibimos confidencias".

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