Uno de cada 10 cree que los partidos se financian según la ley

EL PAÍS Apenas uno de cada 10 españoles (el 9%, exactamente) cree que en nuestro país, en general, todos los partidos políticos se financian exclusivamente en base a lo que les asigna la ley. Es decir, la idea de que en este punto se suele cumplir la legalidad resulta ser llamativamente minoritaria entre nuestra ciudadanía. La inmensa mayoría opina, por contra, que lo usual es que los partidos recurran a formas extralegales de captación de recursos: esto es, de hecho, lo que manifiesta la práctica totalidad de los entrevistados que emiten una opinión sobre el tema (hay, en efecto, un 31% que no responde a la pregunta, siendo de señalar que ese porcentaje es sensiblemente similar al índice de abstención que suele registrarse, en conjunto, en las consultas electorales en nuestro país).

La opinión ampliamente mayoritaria (expresada por el 41% de los entrevistados, porcentaje equivalente al 59% de quienes responden a la pregunta) es que todos los partidos políticos obtienen recursos por medios distintos de los legalmente permitidos. Esta idea es especialmente frecuente entre los votantes del PSOE. La segunda idea más extendida (expresada por el 19% de los entrevistados, equivalente al 28% de los que contestan a la pregunta) es que esta tendencia a recurrir a formas extralegales de financiación es más frecuente en unos partidos que en otros: el PSOE es el más mencionado a este respecto (siendo citado por uno de cada 10 entrevistados), seguido a gran distancia por el PP (que es mencionado tan sólo por tres de cada 100 entrevistados). La opinión menos compartida, como ha quedado ya indicado, es que en general los partidos se atienen, en cuanto a su financiación, exclusivamente a lo legalmente establecido (opina así tan sólo el 9% de los entrevistados, equivalente al 13% de quienes responden a la pregunta).

Así las cosas, no ha de resultar extraño que la amplia mayoría absoluta de la población en edad de votar reclame un mayor control de los ingresos y gastos de los partidos políticos por los organismos del Estado.