Recurso de amparo contra el auto que permite la alimentación forzosa de los 'grapo'

La abogada Francisca Villalba presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15 de febrero, por el que se permite la alimentación forzosa de los grapo en huelga de hambre. Por otra parte, Antoni Asunción, director general de Instituciones Penitenciarias, afirmó ayer en el Congreso que se habían erradicado los malos tratos en las cárceles y que las mejoras en asistencia sanitaria y en el trabajo hacían que las prisiones fueran adecuadas, aunque no idóneas. Los diputados pusieron en tela de juicio la bondad del panorama descrito.

Francisca Villalba, abogada, y Sebastián Rodríguez Veloso, Leoncio Calcerrada y Luis Cabeza Mato, actualmente internados en el hospital de la Princesa, en Madrid, donde mantienen la huelga de hambre, presentaron ayer un recurso de amparo contra el auto de 15 de febrero de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid.Dicho auto estimaba el recurso de apelación del fiscal contra el auto de la juez de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, Manuela Carmena, y permitía a los médicos la alimentación forzosa de los grapo en huelga de hambre cuando estimaran que su salud podía sufrir serios quebrantos.

La solicitud de amparo al Tribunal Constitucional se basa en que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid "viola los artículos 24, 1, 9, 10, 16, 18 y 15 del texto constitucional", que hacen referencia a los principios de protección de la dignidad de la persona, de igualdad, la libertad ideológica, al honor y a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.

El director general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, afirmó ayer ante los parlamentarios de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados que "se ha cumplido con el objetivo de contar con un buen sistema sanitario en las cárceles".

Sacrificio necesario

Después de una larga exposición en la que pasó revista a las mejoras introducidas en el sistema penitenciario (construcción de nuevas cárceles, redistribución de los internos, planes de formación profesional, programas de desintoxicación de drogadictos, etcétera), Antoni Asunción reconoció como "un sacrificio necesario" el alejamiento de los presos de sus familias, debido a los traslados, pero aseguró que, a cambio, la situación diaria de los internos era mucho mejor.Para 1990, Asunción anunció la construcción de las prisiones de Valencia II, Jaén y Málaga II. Los fondos para nuevas cárceles y para financiar las mejoras asistenciales, anunció el director de Prisiones, se obtendrán mediante la rentabilización de los recursos propios, centrados sobre todo en los terrenos, normalmente situados en los cascos urbanos de las ciudades, que quedarán libres, y sobre los que se firmarán convenios con los ayuntamientos respectivos. La primera de las cárceles que se convertirán en solares será la de Yeserías, en el centro de Madrid.

Los diversos diputados que intervinieron durante la comparecencia no se creyeron la bondad del panorama descrito por el director general, aún reconociendo que había habido algunas mejoras. Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna, afirmó que las políticas de reinserción no serían tan eficaces cuando el 65% de los internos son reincidentes, y mencionó el el 43% de presos con anticuerpos de SIDA detectados en la prisión vizcaína de Basuari.

Antoni Asunción desmintió las cifras del diputado y puso en duda sus fuentes de información: "La cárcel no es el infierno que asociaciones marginales, con un discurso demagógico, quieren hacer creer". El director general también afirmó que los malos tratos en las cárceles son un fenómeno prácticamente erradicado. "Puede darse algún caso particular que no vamos a consentir".

A las protestas de los diputados, que esgrimieron incumplimientos del reglamento penitenciario respecto a los derechos de los presos, el director de Instituciones Penitenciarias reconoció que "al igual que los grupos parlamentarios se pronuncian por construir más prisiones, y luego sus concejales se oponen en los municipios afectados, yo tampoco puedo controlar a todos los funcionarios que deben ejecutar las instrucciones de la dirección general".