Rehén en Irán

"Mi marido no saldrá de Irán mientras no se aclare el pago de la fianza" [de 1.100 millones de pesetas], afirma Mayte Suárez, esposa del capitán de la Marina Mercante Jesús Manuel Rosales López, quien permanece encarcelado desde hace 10 meses en la prisión iraní de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz. El oficial español dirigía, a primeros de mayo de 1989, una rutinaria descarga de petróleo refinado en la bahía de Bandar Abbas, donde muchas familias de pescadores viven a bordo de barcazas. Un fallo, al parecer del marinero-bombero, que no cerró una de las válvulas de descarga, provocó un incendio que acabó con la vida de 12 iraníes que se encontraban en las barcazas y pérdidas en embarcaciones de cabotaje.

Milagrosamente, el petrolero iraní Minab IV no estalló durante el incendio, lo que hubiera causado una catástrofe de imprevisibles dimensiones. Las autoridades judiciales iniciaron entonces una larga e irregular investigación, según manifestaron fuentes españolas cercanas al caso.El capitán español había sido contratado por la compañía estatal iraní, que conocía su garantizado currículo profesional. Jesús Manuel Rosales López embarcó en el Minab IV como oficial, aunque no capitaneaba el petrolero, como se ha afirmado. El capitán, de nacionalidad alemana, salió del país sin ningún problema y ni siquiera ha sido llamado a declarar por las autoridades judiciales.

Irán mantiene estrechas relaciones comerciales con la República Federal de Alemania. La tripulación estaba compuesta por 41 personas, seis de ellas europeas y el resto orientales.

Encarcelamiento preventivo

Todos los máximos responsables del petrolero desaparecieron de Irán a excepción de Rosales, que fue detenido el 13 de mayo de 1989. Su encarcelamiento preventivo fue ordenado por un tribunal al que Rosales compareció con un abogado de oficio y sin intérprete. Tampoco se le permitió en esos momentos contactar con nadie, ni con la Embajada española en Teherán ni con su familia. Rosales está casado y tiene dos hijas."Le fue rasurada la cabeza y fue encarcelado en la zona de presos comunes, donde la idea del suicidio le pasó varías veces por la cabeza, aunque afortunadamente no la consumó", explica ahora su esposa desde La Coruña.

El marino español pasó así varias semanas hasta que le fue permitida su primera llamada telefónica, que utilizó para alertar a su familia. Su reacción inmediata fue informar a los diplomáticos españoles, que comenzaron sus gestiones y consiguieron rápidamente que el marino fuera trasladado al área de presos políticos, donde el régimen de vida es menos severo.

Negociación diplomática

Entonces fue puesta en marcha la pesada y angustiosa maquinaria burocrático-diplomática para agilizar su liberación. Los diplomáticos españoles en Irán y expertos de la Marina mercante que se trasladaron a ese país han intentado agilizar la tramitación del sumario. El director general de Asuntos Consulares, Herminio Morales, y el subsecretario de Asuntos Exteriores, Fernando Perpiñá, han realizado reservadas gestiones con las autoridades de Irán para liberar cuanto antes al marino.Las autoridades españolas quisieron aprovechar, aunque sin éxito, la circunstancia del accidentado petrolero iraní Khark 5, al que desautorizaron a descargar 200.000 toneladas de crudo en Canarias, para negociar la liberación del capitán español de la Marina mercante.

Su esposa le visitó por última vez en Bandar Abbas en las pasadas Navidades. "Está hundido moralmente, aunque espero que como hombre de mar pueda superarlo", dice Mayte.

El marino tiene pendientes dos procesos, uno civil y otro penal. La pena máxima que podría recaerle sería de dos años de prisión y una fianza por los daños causados.

El tribunal ha fijado la fianza en 10 millones de dólares (1.100 millones de pesetas) de forma estimativa, cifra considerada "desorbitada" por fuentes españolas. Singularmente, pretenden hacer recaer toda la responsabilidad en el marino español, cuando por encima del oficial se encuentran el capitán alemán, la compañía armadora del petrolero (Iraninan National Tanquer Company) y la empresa aseguradora (Steamship Mutual and Rating Asociation under Rating Limited).

Al parecer, el seguro no cubre la responsabilidad civil de los tripulantes y se cree que el tribunal no va a obligar a reconocerlo a una empresa estatal, lo que ha colocado al marino español como rehén de las autoridades judiciales de Irán.

Su esposa cree que el tribunal pretende que se haga cargo o garante de la fianza el Gobierno del país del tripulante al que han cogido. Mayte Suárez sólo confía en las gestiones diplomáticas y jurídicas del Gobierno español a través de los abogados iraníes contratados por la Embajada de España en Irán.

También confían en las compañías armadora y aseguradora. "De lo contrario", añade Mayte, "creo que nos pondremos a temblar... ante los 10 millones de dólares".