¿Qué apertura?
FELIPE GONZÁLEZ ofreció en el discurso de su tercera investidura abrir el juego político. Para significar algo, esa apertura tendría que manifestarse en la actitud de la mayoría ante las minorías. Ello no sólo era una necesidad derivada de la magnitud de las tareas que el Ejecutivo se proponía abordaren los próximos años, evocadas como justificación del adelanto de las elecciones, sino consecuencia lógica de los resultados de éstas. Pues si los ciudadanos han renovado la confianza otorgada a los socialistas, no puede olvidarse que seis de cada 10 electores han optado por otras alternativas. La apertura no era, por tanto, una concesión graciosa, sino una exigencia política derivada de las urnas.Transcurridos más de tres meses desde las elecciones, los síntomas son más bien desalentadores. Ya fue bastante revelador el comportamiento gubernamental en la designación del nuevo fiscal general del Estado: no sólo no se intentó consensuar tal nombramiento, sino que se eligió a una persona muy caracterizada por su militancia política en el partido del Gobierno. Por cierto, interpretando la ley con cierta manga ancha, puesto que la exigencia de no afiliación política del fiscal se resolvió mediante el trámite de anunciar la baja en el partido la víspera del nombramiento. Pero mucho más grave es lo que ha estado a punto de ocurrir en la televisión pública. La oferta de consensuar un nuevo Estatuto de RTVE se condicionó en la práctica a la previa constitución de un consejo de administración del gusto de la rriayoría socialista. El Gobierno comunicó en un principio que estaba dispuesto a negociar dicha composición, pero reiteró simultáneamente que, en el caso de no haber un rápido acuerdo, procedería a la inmediata designación de Luis Solana como director general por un nuevo período. Ello hubiera significado que el visto bueno exigido por la ley se solicitaría del consejo de administración en funciones, es decir, el constituido en 1986, que tendría que haber cesado tras las legislativas de octubre. Para el PP, esto podría constituir un fraude de ley. Afortunadamente, a última hora ha habido un cambio de actitud y el Ejecutivo ha aplazado el nombramiento de director de RTVE hasta constituir el consejo de administración definitivo.
En las actuales circunstancias -es decir, cuando el sectarismo de la televisión estatal durante las elecciones va a ser objeto de investigacl,ón parlamentaria y cuando la negativa a retransmitir el debate sobre el caso Guerra ha ilustrado hasta el ridículo la falta de criterios profesionales de quienes dirigen ese medio-, la renovación de Solana constituiría una provocación. Irritado por lo que considera antigubernamentalismo de la mayor parte de los periódicos, revistas y radios privadas, se considera con derecho a compensar esa -supuesta o real- tendencia dominante mediante la manipulación de los medios que controla. Pero esos medios son públicos y están sometidos a unas normas que exigen expresamente su imparcialidad. Y si bien el oficialismo más o menos descarado de los medios públicos es una constante en muchos países -con magníficas excepciones que deberían servir de ejemplo-, el servilismo a que se ha llegado con Luis Solana resulta escandaloso. Metiéndolas en el mismo saco que la demagogia de los profetas del apocalipsis socialista, el Gobierno se ha hecho el distraído respecto a las razonables denuncias de ese sectarismo emanadas de la Prensa, los sindicalistas y los partidos democráticos. Ahora paga las consecuencias y, en pleno desconcierto, parece apostar por el continuismo.
Es cierto que los renovados cachorros de la derecha utilizan a veces tonterías tendentes a cuestionar la legitimidad del Gobierno emanado de las urnas. Pero no seríajusto ignorar que es precisamente la torpeza del Ejecutivo lo que está favoreciendo esa irresponsable audacia. Hay que modificar urgentemente el actual Estatuto de RTVE, comenzando por el sistema de nombramiento del director general. A ello debe supeditarse lo demás, incluida la composición del consejo. En esta línea, el Gobierno debería ser el primer interesado en ampliar la representatividad de dicho órgano dando entrada en el mismo a las cuatro principales fuerzas de oposición de acuerdo con el mayor pluralismo expresado el 29 de octubre. Si no, ¿a qué apertura se refería el presidente?
