Una presidencia apetecible

La presidencia de la Federación Española de Motociclismo se ha convertido en uno de los sillones más apetecibles del deporte español. De deber 98.387.504 millones de pesetas el 31 de diciembre de 1987, dos meses después de la marcha de Antonio López, despedido posteriormente de la dirección de deportes del Comité Organizador Olímpico Barcelona 92 (C00B 92), se ha pasado a cosechar cuatro títulos mundiales (Champi Herreros, Alex Crivillé, Sito Pons y Jordi Tarrés) y enjugar todas las deudas. El motociclismo dobló su presupuesto en tres años -de los 164 millones de 1987 a los 320 previstos para 1990- y cuenta con tres circuitos permanentes (Jarama, Jerez y Calafat), dos en construcción (Cataluña y Albacete) y otro en proyección (Cheste, en Valencia).

Desde Javier Gómez Navarro, secretario de Estado para el Deporte, que este año ha presenciado en directo todas las conquistas de los pilotos españoles, hasta el Rey Juan Carlos, que ha disfrutado en diversas audiencias hablando de motos con los campeones, España entera ha vivido los triunfos de sus pilotos.

La actual junta directiva tuvo que sanear, buscar dinero debajo de las piedras, conseguir buenos patrocinadores y empezar a reflotar la economía de la federación ante la admiración del propio Gómez Navarro, que ahora asiste impotente a la posible desaparición de una junta -elegida democrática y legalmente el 28 de mayo de 1988- que está indefensa.

Inversiones

La federación actual ha relanzado la competición invirtiendo 94 millones de pesetas de los 286 presupuestados en ayudas a pilotos y premios (26 millones) y formación de los equipos nacionales (60). Además, las federaciones territoriales, que en 1986 contaron con 25.5 millones, dispondrán el próximo año de 58 millones.

El motociclismo español se enfrenta a la posibilidad de que una nueva junta directiva, ajena a la actual, aterrice en sus oficinas con un nuevo programa, con nuevas ideas, con nuevos dirigentes. Ni los actuales directivos ni el Consejo Superior de Deportes (CSD) parecen en condiciones de evitar la sentencia. Las normas deportivas emanadas de la gestión del anterior secretario de Estado, Romá Cuyás, obligan a que todo litigio electoral acabe en los tribunales de justicia. Entonces se habló de que tal norma creaba una indefensión porque los tribunales tardarían tiempo en fallar sobre cualquier conflicto. Ahora, el proyecto de Ley del Deporte evita esa vía con la creación de un tribunal de garantías electorales. Pero, para el moticlismo, puede que sea tarde.