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Tribuna:

Por la libertad sindical y la democracia, Antón

MANUEL ZAGUIRREAnte la propuesta planteada recientemente por el secretario de organización de UGT, sobre la sindicación obligatoria de los trabajadores, el autor se pregunta en qué fuerzas políticas piensa apoyarse para lograr una reforma constitucional que le dé amparo, proponiendo a cambio mayor libertad e imaginación.

No es nada grato a estas alturas tener que escribir un artículo con este título. Pero no hay más remedio.Hay muy pocos días. Antón Saracíbar, número dos de UGT, al parecer se descolgó con unas declaraciones harto significativas e inquietantes, pese al escaso eco que obtuvieron, tal vez debido esto último a que agosto ha estado cargado de platos fuertes informativamente hablando.

Escudándose en una deseable potenciación de los sindicatos, venía a proponer Antón, lisa y llanamente, la sindicación obligatoria de los trabajadores como trámite simultáneo a la obtención de un puesto de trabajo (aunque no lo explicitaba, cabe pensar que la, obligatoriedad se aplicaría también a los que tenían trabajo antes de su entrada en vigor). Añadía Antón a esa sugestiva propuesta la de que se terminaran para siempre las elecciones sindicales y se suprimieran los comités de empresa y delegados que de éstas emanan, y que el actual status quo de representatividad sindical se diera por válido a perpetuidad sin el engorroso trámite electoral cuatrienal. Sin duda curándose en salud, Antón adobaba estas ideas luminarias confesando que estaban al corriente de ellas CC OO y ELA-STV, que tenían por objeto homologar nuestro sindicalismo a los modelos europeos (qué manía ésta de inventarse Europas para justificar- aberraciones domésticas), y que la terapia de la obligatoriedad sindical era la más adecuada para unos trabajadores enfermos de individualismo e insolidaridad, males endémicos de esta plaga liberal que no cesa.

Quiero enjuiciar brevemente estos mensajes que emite la dirección de UGT (no creo que Antón hable a título personal ni fruto de pasajeras turbaciones caniculares).

En primer lugar, a mí no me produce sorpresa ni escándalo esta nueva andanada. La tentación neoverticalista de UGT viene de lejos, y con esto no pretendo ofender: es una cuestión de modelos, como ellos dicen. Hace muy pocos años se descolgaron con el llamado "canon por negociación colectiva", una fórmula de cuota obligatoria a expensas de que la negociación colectiva es un supuesto servicio sindical. Nuestra durísima reacción, entre otras, contra ese canon les disuadió no tanto a abandonar la idea como a aparcarla por considerar que no estaba madura. Creo recordar que fue el propio Antón el mayor apologeta de la ley orgánica de Libertad Sindical (eran tiempos idílicos entre el Gobierno padre y el sindicato hermano), tina coartada legislativa para consolidar el bisindicalismo y cerrar a las minorías todo cauce para acceder a la condición de "más representativas",, Y, por supuesto, Antón y el cuadro directivo del que forma parte han sido impulsores en exclusivo provecho de leyes expolio como la del patrimonio sindical acumulado, o de normativas electorales groseramente antidemocráticas y propiciadoras del fraude.

Reforma constitucional

Con estos antecedentes todo es posible. Pero, no obstante, éstos últimos destapes son crudos de verdad. Tanto como incongruentes. ¿Conoce Antón la Constitución? ¿Conoce que consagra la libertad sindical en la más amplia y matizada acepción, individual y colectiva? ¿Conoce que en ella el derecho al trabajo adquiere rango de derecho natural? ¿Se da cuenta Antón de lo impresentable que es combatir una política económica porque niega u obstruye el ejercicio universal del derecho al trabajo, y al mismo tiempo pretender mediatizar ese derecho con la sindicación obligatoria? Me consta, sin retintín alguno, que Antón conoce la Constitución y que ha luchado por ella como tantos. Entonces, ¿en qué fuerzas políticas piensa apoyarse Antón para lograr una reforma constitucional que dé amparo a la sindicación obligatoria?

Sólo hay una respuesta: más y más libertad, más y más imaginación creativa para organizar una clase trabajadora dispersa y rota, para recomponer y actualizar su quebrantada estructura de valores ideales, para restablecer su unidad y solidaridad esenciales.

Contra los males profundos que aquejan al movimiento sindical español y a su relación orgánica y representativa con las clases trabajadoras y las mayorías sociales, aplicar la sindicación obligatoria sería equipararnos a aquel doctor quevediano que curaba a los pacientes matándolos. Convencer en libertad, no vencer negando ésta; de eso se trata siempre en democracia.

Respecto a la necesidad de encontrar otras fórmulas de legitimación representativa de los sindicatos, estoy de acuerdo con Antón, y él lo sabe. Sugiero, por ejemplo, que se tenga en cuenta el comportamiento de cada sindicato en el período de la resistencia antifascista; ello unido a la comprobación fehaciente del número de afiliados al corriente de cuota de cada sindicato; y también, por supuesto, el de la audiencia electoral de cada quien. Sería un sistema más diverso y ponderado de legitimación representativa, tanto a nivel nacional como sectoriales, o de empresa incluso.

Elecciones sindicales

En lo que no puedo estar de acuerdo es en que un nuevo zarpazo legislativo suprima las elecciones sindicales- y con ellas los comités- y los porcentajes actuales se mantengan a perpetuidad sin ravalidarlos nunca más. Suena como a mucho morro, que diría el castizo. Sobre todo, porque el actual estado de privilegios representativos emana de un solo baremo, el electoral, y las elecciones sindicales entre 1978 y hoy han estado basadas, como decía, en normativas objetivamente antidemocráticas, fraudulentas per se y propiciatorias del fraude.

No se trata de suprimir las elecciones como una de las fórmulas de medición representativa, sino de garantizar la celebración libre y democrática de las mismas, así como la pureza de sus resultados y el control de los mismos. Hay que acabar, eso sí, con procesos electorales que están bajo el arbitrio del Gobierno y de los dos sindicatos mayores; hay que democratizar en profundidad la ley electoral sindical que garantice igualdad de oportunidades e iniciativa a, todos los sindicatos; hay que confiar al poder judicial la tutela del proceso electoral y sus resultados, no al Ministerio de Trabajo más UGT-CC OO como ahora ocurre.

Por estos mínimos principios democráticos venimos clamando desde la USO para que la representatividad sindical de cada sindicato quede fuera de toda sospecha, y para que los mismos presidan el desarrollo sindical en nuestro país. Para nosotros, la actual configuración sindical está seriamente viciada en su legitimidad genérica. Y, por tanto, de olvidar el pasado y darlo por bueno ad eternum, nada de nada. Eso sería cegar toda vía democrática de futuro a un desarrollo armónico y libre del movimiento sindical en nuestro país.

Finalmente, en lógica con todo lo anterior, dejar muy claro que desde la USO hemos optado por un sindicalismo basado en la afiliación libre y no en el voto apañado. Ello supone que hemos optado por la supremacía de las secciones sindicales respecto a los comités de empresa.

Pero aplicamos esa opción como un proceso de sindicalización progresiva, de práctica sindical coherente y aceptando que los comités -como expresión representativa de todos los trabajadores en la empresa- ni son incompatibles con el papel preponderante que al sindicato debe corresponder en la empresa, ni son eliminables de un plumazo sin entrar en colisión con el texto constitucional y otros de menor rango.

Lo dicho, para dar plena legitimidad a las exigencias sindicales unánimes de una mayor democracia social y económica, de un cambio profundo en los hábitos gubernamentales y políticos en general (recordemos el 14-D), los sindicatos debemos ser auténticos baluartes testimoniales en la defensa y el ejercicio de la libertad sindical, indivisible de todas las demás.

es secretario general de Unión Sindical Obrera (USO).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de septiembre de 1989

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