La horma de ETA

LA DESARTICULACIÓN del comando Araba de ETA -al que se atribuyen 39 asesinatos en los últimos años-, la detención de la práctica totalidad de sus colaboradores y la incautación de un abundante arsenal de armas y de otros materiales que servían para realizar y camuflar sus actos criminales constituyen un inapreciable y valioso éxito policíal. Pero, además, el desmantelamiento de este peligroso pelotón de ejecución y de sus cómplices es un golpe sumamente oportuno contra la organización terrorista, en un período de recrudecimiento de su actividad criminal tras el fracaso de las conversaciones celebradas en Argel.Desde que ETA consideró unilateralmente que los contactos oficiosos que mantenía con emisarios del Gobierno español en la capital argelina no satisfacían sus pretensiones, su brazo asesino ha segado en apenas seis meses una docena larga de vidas humanas, la última de las cuales es la de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle. Operaciones como la culminada por la Guardia Civil con la desarticulación del comando Araba muestran que el Estado democrático tiene capacidad y medios legales para enfrentarse al desaflo de los terroristas con el objeto de que su actividad criminal no quede impune.

Aunque, en principio, la versión oficial de los hechos parece verosímil, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, no hace un buen servicio a la transparencia necesaria en toda sociedad democrática cuando se niega a dar "demasiados detalles" con el fin de "evitar polémicas" sobre su desenlace: dos terroristas muertos y tres guardias civiles heridos de diversa consideración. En todo caso, los detalles de la operación negados en este momento a la opinión pública no podrán ser hurtados a la investigación judicial, que deberá pronunciarse en último término sobre la legalidad de la actuación policial. En el Estado de derecho, ninguna muerte violenta -ni siquiera las producidas por las fuerzas de seguridad en la legítima lucha contra el terrorismo- queda al margen de su esclarecimiento por una instancia independiente e imparcial como es la judicial.

La celeridad con que Herri Batasuna y las gestoras pro amnistía han condenado la actuación policial, a la que han calificado de "emboscada", es toda una muestra de la tosca hipocresía con que suelen conducirse quienes andan por el mundo pidiendo a los muertos su identidad y su filiación política para decidir el uso que se hace de ellos. Dispuestos siempre a ensalzar como héroes a los terroristas muertos y analistas puntillosos de las circunstancias de su muerte a la luz de una legalidad democrática que combaten con saña, no pestañean cuando los muertos son otros. Felizmente, la inmensa mayoría de la sociedad vasca descubrió hace ya tiempo la impostura de estos sayones de los verdugos.