El Poder Judicial considera punibles las declaraciones a EL PAIS del juez inculpado de disfrazarse de mosquetero

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado remitir a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias las declaraciones del juez Manuel Sánchez Alvarez, de 33 años, publicadas por EL PAÍS el 2 de junio último, para que se le imponga la correspondiente sanción en caso de que constituyan falta grave.

Con ocasión de la sanción impuesta por el Consejo por la supuesta celebración de un juicio disfrazado de mosquetero -recientemente anulada por el Tribunal Supremo por haberse demostrado la falsedad de la acusación-, Sánchez Álvarez criticó al CGPJ y le acusó, entre otras cosas, de utilizar la potestad disciplinaria "para controlar actividades jurisdiccionales" de los jueces.La noticia del acuerdo del CGPJ se conoció el pasado fin de semana en San Sebastián, al término del congreso celebrado por Jueces para la Democracia y al que asistió Manuel Sánchez, miembro de la citada asociación. Durante el congreso, varios de los consejeros del Poder Judicial asistentes lograron evitar que la información trascendiera al colectivo, para impedir un pronunciamiento de rechazo a la decisión adoptada, y por extensión, al órgano de Gobierno del Poder Judicial.

Según se conoció en San Sebastián, inicialmente varios vocales del CGPJ intentaron quese trasladara a la opinión pública un comunicado expresivo del malestar producido por las declaraciones de Sánchez Álvarez a EL PAIS. Esta propuesta no prosperó y se transformó en petición de revisión del caso a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canaria, que fue aprobada mayoritariamente.

Libertad de expresión

Los vocales José Luis Calvo y Pablo Castellano se abstuvieron y sólo votaron en contra Cristina Alberdi, José Augusto de Vega y Emilio Berlanga. Este último emitió un voto particular mediante el que explicó que con sus declaraciones el juez Sánchez Álvarez hizo "un uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión que como ciudadano tiene reconocido constitucionalmente".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Perfecto Andrés Ibáñez, declaró sobre esta materia: "Creo que las instituciones democráticas no debentener obsesiones 37 menos obsesiones limitadoras de los derechos fundamentales. Manuel Sánchez Álvarez ha sido víctima ya de un trato inicuo porparte del Consejo, como lo ha puesto de relieve el Tribunal Supremo al revocar una resolución injusta. Ahora empieza a ser víctima de una obsesión persecutoria, esta vez por el uso legítimo de su derecho a expresarse. Manuel tiene razón. Antes fueron injustos. Ahora son también torpes".

Como la pólvora

La noticia corrió durante el fin de semana como la pólvora entre los miembros de la asociación judicial progresista que permanecían todavía en San Sebastián. Sin embargo, Sánchez Álvarez, juez de Puerto del Rosario, había regresado ya ayer a Canarias y no fue posible obtener su reacción.

[En declaraciones a EL PAIS, poco después de conocer la anulación por el Tribunal Supremo de la sanción impuesta por la supuesta celebración de un juicio disfrazado de mosquetero, Manuel Sánchez Alvarez acusó al Consejo General del Poder Judicial de "querer compensar su mala conciencia por la falta de política judicial, con la explotación de casos escandalosos para controlar a los jueces" y le reprochaba su atención a "una denuncia anónima favorable a sectores económicos canarios corruptos"]