Lucha contra reloj para la paz en Sudán

Fue necesario que el Ejército tomara cartas en el asunto, amenazando con un golpe de Estado, para que el primer ministro sudanés, Sadiq el Mahdi, accediera el pasado fin de semana a dar pasos para negociar la paz con la guerrilla de animistas y cristianos que luchan desde hace seis años en el sur del país. Su intervención se ha unido a la carrera contra el tiempo de los sindicatos, las fuerzas políticas de oposición y los aliados occidentales, como EE UU y la CE. El objetivo es impedir la inminente reanudación de las operaciones guerrilleras que amenazan con descomponer el país y sentenciar a muerte por hambre a 500.000 sudaneses.

"Este año esperamos una cosecha de 40 millones de sacos de sorgo -cada saco tiene unos 80 kilos-" explicaba recientemente a la enviada especial de EL PAÍS un funcionario sudanés, al mostrar con orgullo el funcionamiento de uno de los dos silos donde se almacenan las reservas de cereales. El edificio, situado en Gedarif, a unos 700 kilómetros de la capital, Jartum, es una isla de cemento entre las cabañas con techos de paja del poblado donde los camellos hacen girar sin cesar las muelas de las almazaras. "La mitad de esta cosecha es suficiente para hacer frente a las necesidades del país; el resto lo exportaremos", añade el encargado, desmintiendo los informes presentados por su Gobierno sobre los efectos catastróficos causados por la sequía, las inundaciones y las plagas de langosta de los últimos meses.El hambre, sin embargo, no es sólo un pretexto para justificar la demanda de ayudas internacionales, de las que depende la economía de Sudán, uno de los tres países del mundo con mayor potencial en cereales y, paradójicamente, tierra de hambruna endémica. La escasez de víveres en los comercios de Jartum alienta la intifada que con intermitencias, y bajo la dirección de los poderosos sindicatos y fuerzas políticas de la oposición, se ha adueñado de las calles de la capital desde el pasado diciembre.

Pero las dificultades de los capitalinos son un pálido reflejo de la verdadera tragedia que se cuece en el Sur del país donde, desde hace seis años, se desarrolla la nueva fase de la guerra civil entre los guerrilleros animistas y cristianos del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS) y las tropas del Gobierno, tradicio nalmente dominado por las etnias árabes musulmanas, que constituyen el 75% de la pobla ción sudanesa.

Allí, tanto el ELPS como el Ejército han utilizado la hambruna como arma de guerra. La mala gestión del Gobierno, la corrupción y la dificultades en la red de transportes redondean el drama. "El Gobierno utiliza el sufrimiento de nuestro pueblo para pedir ayudas, que luego, por miedo a que caigan en manos de los rebeldes, no les hace llegar; y la guerrilla, por su parte, tambiénlos condena a la muerte al robar sus cosechas e impedirles que cultiven, con el fin de que los afi, mentos no alivien la situación del ejército", explica, por su parte, Oliver Dalcu, un funcionario procedente de Juba, la capital del Sur, que desde hace meses se halla sitiada por los rebeldes.

La situación fue particularmente grave durante el verano, cuando, para contrarrestar una nueva ofensiva rebelde, el Gobierno impidió a las organizaciones de ayuda internacional efectuar sus suministros de alimentos por vía aérea, la única segura en aquellas zonas, donde las tropas regulares se hallan arrinconadas en las zonas urbanas.

"Unas 8.000 personas muneron en la ciudad de Aweil entre .junio y noviembre, incluidos todos los niños menores de cinco años. En Juba, sólo en los dos hospitales de la ciudad hubo un promedio de 20 niños muertos por día, lo que consideramos una cifra insignificante frente a todos aquellos que se apagaron en sus casas fuera del alcance de nuestra contabilidad", añade Daku.

Primer paso

La necesidad de dar un primer paso hacia el fin de la guerra -que se calcula que ha costado ya la vida a un millón de sudaneses, y le supone unos gastos diarios al Gobierno de 120 millones de pesetas-, fue lo que llevó al líder del segundo partido islámico sudanés, Mohamed Osman el Mirghani, a firmar un acuerdo, el pasado noviembre, con el jefe de la guerrilla, John Garang.

En este pacto, Mirghani, entonces miembro de la coalición gubernamental, accedía a la abolición de la Sharia -la ley coránica vigente en el país desde 1983-, que para los sureños cristianos sintetiza la política de marginación y conculcación de sus derechos ejercida desde Jartum por la mayoría musulmana en su contra.

La estrategia adoptada por Mirghani para que se unieran al acuerdo de paz el partido gubernamental de la Unírna, de Sadiq el Mahdi, y el Frente Islámico Nacional -fundamentalista de Hasan el Turabi, no dio resultados. El Parlamento elegido en unas consultas celebradas en 1986, de las que quedaron excluidas las fuerzas políticas del sur, se negó a ratificar el acuerdo. Mirghani retiró su partido de la coalición gubernamental dejando, cara a cara, a Mahdi y su aliado y cuñado Turabi al frente del país.

La inminencia de la estación de las lluvias, que suele comenzar en abril, la época ideal para las operaciones guerrilleras del ELPS, ha puesto en marcha una carrera contra reloj en varios frentes.

La reciente caída de la ciudad sureña de Turit, a manos de los rebeldes, demuestra que la guerrilla, ante la negativa a negociar un acuerdo de paz, está preparándose para una nueva ofensiva a gran escala. Las hostilidades y el consiguiente corte de los suministros de ayuda se teme que acabe con la vida de medio millón de personas.