Anomalías procesales causaron la suspensión del juicio contra 32 personas relacionadas con ETA

La suspensión por la Audiencia Provincial de Vitoria del juicio previsto para el próximo lunes contra 32 personas vinculadas a las diferentes ramas de ETA, se debe a que existen anomalías de carácter procesal, según el auto de suspensión, aunque éstas no determinen su nulidad en base a la indefensión. Varios procesados prestaron declaración sin asistencia letrada.La suspensión acordada por la Audiencia de Vitoria se suma a los tres aplazamientos que el juicio ha sufrido con anterioridad y a la inhibición de la Audiencia Nacional en favor del tribunal alavés.

Los hechos se remontan al año 1983, cuando los procesados cumplían condena en la cárcel de máxima seguridad de Nanclares de la Oca (Alava). Todos ellos están acusados de un presunto delito de sedición y retención ilegal por amotinarse y mantener como rehenes a cinco funcionarios de la esa prisión, para impedir el traslado de otro preso a la prisión provincial de Basauri. Entonces los 32 encausados pertenecían a ETA y a los Comandos Autónomos Anticapitalistas. En la actualidad algunos de ellos ocupan cargos de relevancia en la sociedad vasca tras acogerse a las medidas de reinserción que en su día promovieron tanto el Gobierno vasco como el Defensor del Pueblo.

En este último grupo están el hasta hace dos días jefe de la unidad territorial de la Ertzantza (policía autonómica), Jesús María Etxarri Senar, cesado fulminantemente; Antxon Alcocer, Zapatones, que participó en el secuestro del padre de Julio Iglesias; el antiguo miembro de ETA Político-militar Javier Bidarte, que cumple condena a pesar de haberse desvinculado de la organización terrorista, y el concejal de HB en el Ayuntamiento de Andoáin (Guipúzcoa), José Antonio Arruti, en libertad tras cumplir su condena.

Según la Audiencia de Vitoria, el hecho de que a los procesados José Aramayo Egurrola, José María Salegui Zuloaga, Ignacio Elorriaga Axpe, Javier Esteban Vidarte Echegaray y Vicente Gorricho Martinicorena, encarcelados en la prisión de Madrid 2-Alcalá Meco, no se les tomara declaración con asistencia letrada, supone una anomalía procesal aunque ésta no determine "una nulidad en base a la indefensión, sino simplemente la irrelevancia de diligencias probatorias irregulares en trance de incidente en el derecho fundamental a la presunción de inocencia establecido en el artículo 24.2 de la Constitución española".

El ministerio fiscal remitió el pasado día 2 de febrero a la Audiencia un escrito en el que solicitaba la nulidad de las actuaciones en las que hubieran faltado las garantías procesales y provocado, por lo tanto, la indefensión de los procesados. Desde su punto de vista, la no subsanación de estos aspectos podría influir no sólo en la calificación definitiva, sino en la que con carácter previo puede afectuarse por parte de la acusación pública.

El pasado 9 de febrero la Audiencia consideró la petición fiscal y acordó suspender la vista oral prevista para el próximo lunes y revocar el auto de conclusión del sumario con su remisión al juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria para que se subsanen las citadas anomalías.