Barranco lleva la contratación de una empresa de un ex concejal del PSOE a la comisión de vigilancia

El alcalde de Madrid, Juan Barranco, llevará a la comisión de vigilancia de la contratación -en la que están representadas todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento- el expediente del contrato adjudicado directamente el 13 de enero, a propuesta de Emilio García Horcajo, responsable de seguridad y Policía Municipal, a favor de la empresa que resultó estar presidida por el ex concejal socialista Miguel Lara. Responsables del Ayuntamiento indicaron ayer que el contrato quedó sin efecto el pasado viernes, 28 días después de la adjudicación, y que así le fue comunicado al Centro Democrático y Social (CDS), partido del que surgió la denuncia y que, sin embargo, no difundió la nueva decisión del equipo de gobierno.

El primer teniente de alcalde, Luis Larroque, reconoció que el 13 de enero la Comisión de Gobierno tomó la decisión de adjudicar directamente un contrato a la Compañía Española para el Tratamiento, Asesoramiento y Servicios de Seguridad (Cetas de Seguridad). Esta decisión se apoyó en un informe técnico que recomendaba la contratación por adjudicación directa "por razones urgentes de seguridad" y consideraba que la propuesta más ventajosa era la de esta empresa. Cetas de Seguridad cobraría 49.999.835 pesetas por realizar una inspección en 825 edificios municipales y ver su estado de seguridad en cuanto a incendios.Según la versión del primer teniente de alcalde, cinco o seis días después de la adjudicación, Emilio García Horcajo tuvo conocimiento de que un ex concejal del PSOE, Miguel Lara, podía formar parte del consejo de administración de la empresa adjudicataria. Tras comprobar en el Registro Mercantil que Lara presidía la empresa, el pasado día 3 Larroque solicitó al secretario general del Ayuntamiento un informe que fue entregado tres días después. En él se indica que el expediente analizado es legal y no se ve defecto alguno en su tramitación, al estar justificada la urgencia, haberse solicitado propuestas a más de tres empresas y ser adecuado el informe técnico. "Acaso haya un punto que no queda claro en el expediente y es el de la acreditación de la personalidad jurídica de los ofertantes", dice el informe. El secretario indica que en las adjudicaciones directas, al contrario de los concursos, los documentos acreditativos, se entregan al formalizar el contrato.

Ese mismo día García Horcajo, aduciendo la necesidad de coordinar todos los sistemas informáticos en marcha, indica que el plan de seguridad en edificios municipales debe ser acometido en su totalidad y no de una forma parcial, por lo que "se hace necesario dejar sin efecto la adjudicación y convocar concurso público". Así fue recogido por la sección de asuntos generales del Ayuntamiento el día 8, el mismo día en que el Centro Democrático y Social puso en conocimiento de este periódico la investigación realizada por el grupo hasta ese momento. En ella se incluía una petición al Registro Mercantil del día 2 de febrero sobre la inscripción de Cetas de Seguridad.

Urgencia

Debido a la falta de tiempo para incluir la anulación en el orden del día de la comisión de gobierno, fue presentada con carácter de urgencia el mismo viernes antes de las nueve de la mañana. La comisión dejó sin efecto la adjudicación y convocó un concurso público por un precio tipo de licitación de 50 millones de pesetas, al tiempo que aprobaba los pliegos de condiciones. Acabada esta comisión, Larroque comunicó el acuerdo adoptado a Javier Soto, portavoz adjunto del CDS, aunque ningún miembro de este grupo informó sobre esta novedad hasta ayer, cuando ya había sido publicada su propia denuncia.

"El equipo de gobierno dejó sin efecto la adjudicación de una forma autónoma y tras un análisis complejo. Esta decisión fue tomada mucho antes de que el tema se convirtiera en un problema político. Nos anticipamos así, en una posición de extremo rigor, a la elaboración de una legislación estatal que regule estas situaciones", dijo Larroque. "La legalidad seguramente está de parte del adjudicatario, pero nos pareció que había razones suficientes para dejar sin efecto el acuerdo y asumir las responsabilidades que se deriven de ello, incluidas las económicas. En el caso de que hubiera una reclamación de la empresa y los servicios jurídicos municipales no pudieran defender la decisión del equipo de gobierno, los miembros de éste nos haríamos cargo de la indemnización. No puede quedar la mínima duda de que las adjudicaciones municipales se hacen de una forma transparente", dijo. Larroque añadió que no se había dado publicidad al tema porque prefirieron llevarlo "con una relativa discrección".

Larroque dijo que el alcalde, Juan Barranco, ya había dado órdenes para que se enviara el expediente a la Comisión de Vigilancia de la Contratación con el fin de que se analicen los pasos dados. La comisión deberá estudiar además una propuesta que regule definitivamente los criterios a aplicar en este tipo de contratos, los límites de un exconcejal y el tiempo en el que estará afectado. Los tres grupos de la oposición criticaron ayer con dureza la citada adjudicación directa y pidieron que el expediente sea estudiado urgentemente por la Comisión de Vigilancia de la Contratación.