Líderes autonómicos del PSOE se distancian de la ejecutiva

Felipe González excluye toda posibilidad de apoyarse en el PCE o en Izquierda Unida (IU) para un futuro Gobierno sin mayoría, según afirmó él mismo ante el Comité Federal del PSOE en la reunión del pasado fin de semana. El presidente del Gobierno ratificó a su partido la voluntad de no anticipar las elecciones legislativas, aunque miembros de su equipo aseguran que se reserva esa carta para el caso de que los sindicatos organicen una primavera caliente. Durante la reunión afloraron las diferencias que separan a varios dirigentes autonómicos respecto, de la ejecutiva federal, según informaron algunos de los asistentes.

"Desde luego, yo no puedo gobernar con los comunistas", aseveró Felipe González en la reunión, según dichas fuentes. Ello provocó un debate con Antonio García Santesmases, uno de los portavoces de la corriente Izquierda Socialista, quien preguntó si es mejor aliarse con Minoría Catalana. González no se pronunció sobre esta hipótesis y zanjó la discusión con el argumento de que sería "una barbaridad" lanzar ahora a la opinión pública el debate sobre alianzas, cuando el partido socialista debe mantener la voluntad de proyecto mayoritario.Los apoyos para gobernar fueron él eje, no obstante, de otras muchas intervenciones. Los dirigentes de las organizaciones de Andalucía (Carlos Sanjuán), Extremadura (Juan Carlos Rodríguez Ibarra), Castilla-La Mancha (José Bono) y Galicia (Antolín Sánchez Presedo) coincidieron en una línea común de análisis, según la cual los socialistas tenían razón el 14-13 aunque se quedaran solos. Todos ellos mantuvieron la idea de que UGT hace el juego a la estrategia comunista y de que conviene prescindir definitivamente del antiguo sindicato fraternal. Todo ello arropado por ese aire de pelea de familia introducido por la intervención de Alfonso Guerra, ya conocida a través de otras informaciones periodísticas.

Ese análisis dejó fríos a varios dirigentes autonómicos, como el catalán Raimon Obiols, el madrileño Joaquín Leguína, el asturiano Pedro de Silva, y, con matices, el valenciano Joan Lerma, poco partidarios de mantener el discurso antisindical y anticomunista.

La experiencia vivida por cada uno de ellos incide en esas diferencias. Una cosa es dirigir el partido socialista en zonas donde hay grandes ciudades, con un movimiento sindical importante y en las que el PSOE no es mayoritario y necesita apoyos para gobernar, como son los casos de Madrid, Cataluña (Ayuntamiento de Barcelona), País Valenciano o Asturías. Y eso es distinto a la experiencia de los socialistas andaluces, extremeños o castellanomanchegos, que gobiernan en sus autonomías con amplias mayorías y no ven tanta necesidad ce tener en consideración a UG] para el proyecto socialista.

Leguina: "Mucho cuidado"

"Cuidado con el debate, compañeros: mucho cuidado", advirtió el secretario general del PSOE madrileño, Joaquín Leguina, en referencia al "gran debate nacional" sobre los síndicatos planteado por la ejecutiva federal del partido, que a Leguina le parecía "puro numantinismo", El valor político de estas posiciones es que se expresaron en el máximo órgano del PSOE, a puerta cerrada y en pres,-ncia de Felipe González, sin campañas previas de opinión pública: es decir, con las reglas del juego que Felipe González defiende como cauce de expresión de las tensiones internas.

Todo el debate registrado en el. C:)mité Federal demostró la prolundidad de la herida del guer -úmo con UGT, lo cual aleja las posibilidades de restablecer alerta normalidad en las relaciones entre partido y síndicato. Mientras tanto, Joaquín Leguina parece haber salido bien librado y conserva sus posibilidades de convertirse, a medio plazo, en líder alternativo, con un discurso que tiende a lidiar con el sindicato realmente existente, en vez de destruirlo o inventarse uno nuevo.

Al margen de la reunión, fuentes gubernamentales consideran "altamente probable" que se reproduzcan las tensiones sociales durante los próximos meses, porque el número de convenios por negociar es mayor que el año pasado. Sin embargo, como se han hecho muchas más horas extraordinarias y ha habido más salario en mano, el Gobierno confla en que no sea tan sencillo llamar a la huelga. Para no dar facilidades a la conflictividad, el área económica del Ejecutivo desea que las posiciones salariales en las empresas públicas sean equiparables a las del sector privado.

Varios ministros y dirigentes socialistas entienden la anticipación de elecciones como un asunto aparcado, pero no descartado. Si se producen nuevos choques sociales, gracias a la unidad de UGT-CC OO, el PSOE lo consideraría como un desafio político directo, y en ese caso intentará el apoyo de las umas a una política de autoridad.

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