Nonay pide la nulidad de los acuerdos de la junta de Banesto que aprobó su fusión con el Central

El empresario aragonés José Nonay, que en el pasado fue uno de los principales accionistas de Banesto, ha promovido un juicio declarativo en demanda de impugnación de los acuerdos sociales tomados en la junta general extraordinaria del pasado 15 de octubre que aprobó la fusión de esta entidad con el Banco Central. La demanda se interpuso el pasado viernes en Madrid, anticipándose a las previsiones iniciales de presentarla hoy, y el número de reparto que le ha correspondido es el 56.051. La defensa del empresario agrícola aragonés ha sido asumida por José Antonio Sanz Grasa, abogado de Santiago Corella, el Nani. El motivo de impugnación de la junta proviene, según Nonay, de la imposibilidad de asistir a la misma como titular de 615.911 acciones, al no serle reconocida su titularidad por el banco.

La decisión de impugnar la junta de Banesto ha sido la primera consecuencia del reciente fallo de la Audiencia de Zaragoza del que se desprende que José Nonay es titular de 615.911 acciones de Banesto, según un dictamen pericial llevado a cabo por María Ángeles Lázaro Francia. La demanda pide "la nulidad de todos los acuerdos adoptados" en la junta extraordinaria celebrada el pasado 15 de octubre por habérsele impedido la asistencia a la misma "como consecuencia de la falta de reconocimiento de la titularidad de accionistas al habérseles escamoteado las 615.911 acciones que señalan los autos".Banesto ha señalado por su parte que la resolución de la Audiencia de Zaragoza -que desestimó la querella criminal interpuesta por este banco junto al Garriga Nogués y el Banco de Vitoria contra José Nonay por alzamiento de bienes- no permite deducir la titularidad de las acciones a favor de éste.

Nonay y Banesto mantienen un serio contencioso sobre la titularidad de un importante paquete de acciones, lo que ha provocado varias demandas judiciales y la solicitud al Banco de España, por parte del primero, para el esclarecimiento de los hechos. A finales de los años setenta Nonay adquirió unos dos millones de acciones de Banesto, para cuya operación había recibido créditos de bancos filiales de esta entidad, como el Garriga Nogués y el Vitoria. La colocación se inscribía en una operación mucho más amplia por la que Banesto intentaba colocar su autocartera entre personas de su confianza, para evitar el control del Banco de España.

Posteriormente, parte de estas acciones fueron pignoradas como garantía de préstamos otorgados por el Banco Garriga Nogués a favor de las empresas de la familia Nonay. Los préstamos fueron ejecutados por falta de pago y las acciones vendidas. Todo el problema radica en si se vendieron más acciones de las necesarias -como sostiene Nonay- para liquidar los créditos recibidos.

La demanda de impugnación de la junta señala: "En 1983, el Banco Español de Crédíto, en ejecución de unas pólizas de crédito de las que en un caso mis representados eran titulares y en otro avalistas, procede a hacer desaparecer de hecho y de manera irregular los 2.163.101 acciones de los que eran titulares, sin dar explicación alguna, desconociendo quiénes son los compradores, el cambio a que se efectuó la supuesta venta, y la liquidación de la misma".

La impugnación se basa en lo dispuesto en el Código de Comercio, que establece que podrán ser impugnados los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley. En el escrito a los jueces se afirma: "La sociedad demandada ha actuado fraudulentamente en sus relaciones con mis representados con el único fin de privarles de todos sus bienes, manteniéndoles en un desconocimiento total de sus inversiones, dada la confianza que mi representado tenía en el banco en una primera etapa". La demanda sostiene que según reiterada jurisprudencia y resoluciones de la Dirección General de Registros, la privación a un accionista de su asistencia a una junta lleva consigo la nulidad de todos los acuerdos adoptados en ella.