Una dinámica peligrosa
El conflicto actual entre el Gobierno y el partido socialista, de un lado, y las centrales sindicales, de otro, tiene un carácter político evidente. En esto coinciden el Gobierno, la oposición y la Prensa. Los objetivos declarados de tipo sindical pasan a un segundo plano ante los objetivos políticos, no declarados -o incluso negados- pero fácilmente identificables en cuanto se analiza mínimamente la estrategia de ambas centrales.Lo primero que salta a la vista es el importante papel que en dicha estrategia desempeña el tipo de relación existente entre cada central y el partido político al que está vinculada. Mientras entre UGT y el partido socialista existen serias divergencias, no sólo políticas sino ideológicas, entre Comisiones Obreras y el partido comunista hay una estrategia común. No hace falta recurrir a ninguna interpretación conspirativa de la historia para comprender que esa diferencia proporciona a Comisiones Obreras una situación políticamente ventajosa en su actual alianza con UGT y coloca a esta última en una situación de seguidismo. Más allá de las intenciones se impone la lógica misma de las cosas, derivada de la dinámica del conflicto, que aproxima cada vez más su contenido político a los objetivos estratégicos de Comisiones Obreras. Se refleja de modo creciente en las formas de lucha adoptadas -huelga general- y en el lenguaje agresivamente antigubernamental de la operación, aunque la dirección de CC OO haya hecho concesiones de poca monta, como decir paro en lugar de huelga. Pero, en la calle, los manifestantes llaman a las cosas por su nombre: huelga general. Para ser del todo exactos habría que decir: huelga general política.
No es ningún secreto que la estrategia política común de Comisiones Obreras y del partido comunista tiene como objetivo fundamental crear una alternativa de izquierda al partido socialista. Con la peculiaridad de que en este proyecto el papel principal lo desempeña el sindicato y no el partido, dado que el proceso de autodestrucción de este último -aún no terminado- lo ha convertido en una fuerza política marginal. Lo que le queda como instrumento real, capaz de influir eficazmente en la situación política, es su posición dirigente en Comisiones Obreras. En jugar a fondo esta carta ve la posibilidad principal, si no única, de crear condiciones más favorables para su recuperación como partido. Y la juega a fondo en todos los terrenos, no sólo en el de la política económica, con el objetivo evidente de capitalizar luego los resultados en el plano electoral. Es justamente la proximidad de importantes confrontaciones electorales lo que da mayor relieve político al actual desafío sindical. Todo lo cual es perfectamente lógico y legítimo para una fuerza de oposición. Debe reconocerse además que la dirección comunista de Comisiones Obreras está dando pruebas, sobre todo después del relevo de Camacho, de inteligencia política. Ha sabido utilizar hábilmente, con estilo leninista, las divergencias políticas e ideológicas entre UGT y el partido socialista.
La actual dirección de UGT, por su parte, persigue objetivos estratégico-políticos, que en principio son diferentes de los de CC OO-PCE. A juzgar por sus declaraciones, lo que se propone es modificar radicalmente la política económico- social del Gobierno, pero no sólo; se propone también rectificar lo que considera una desviación ideológica -una derechización ideológica- del partido socialista y modificar en consecuencia su política en otros aspectos además del económico. Pero, a diferencia de la dirección comunista de CC OO, su objetivo estratégico no es desbancar al partido socialista del poder, sino enderezar al partido y cambiar la composición y orientación del Gobierno para realizar otra política con otras inspiraciones ideológicas.
Sin entrar, de momento, en la valoración de tales propósitos, es de gran interés preguntarse si tienen alguna posibilidad de prevalecer. A primera vista parece totalmente imposible. En primer lugar, porque el Gobierno y el partido socialista están firmemente convencidos -y, a mi juicio, es un convencimiento sólidamente respaldado por los hechos- de que su política es la más apropiada a la situación española y la más favorable para la mayoría de nuestra sociedad, incluidos los sectores más desfavorecidos. En segundo lugar, porque el Gobierno y su política, hoy por hoy, están respaldados democráticamente por la mayoría del país, como muestran los sondeos de opinión. No parece previsible que los métodos escogidos por las centrales sindicales para enfrentarse con el Gobierno modifiquen a su favor esta opinión mayoritaria; más bien puede ocurrir todo lo contrario.
Tampoco es previsible que la posición adoptada por UGT modifique a su favor la actual orientación del partido socialista, ampliamente respaldada en sus congresos. Más probable es que le proporcione al partido razones suplementarias de que está en lo justo, amén de impulsarle, frente a un riesgo evidente de división interna, a cerrar filas y fortalecer su cohesión. Al fin y al cabo, como bien ha dicho Ramón Rubial, antes se es socialista que sindicalista, puesto que lo primero es expresión de una posición política e ideológica global, mientras lo segundo se circunscribe a la defensa de unos intereses clasistas o sectoriales. La idea de que esta defensa coincide siempre con los intereses generales, incluidos los de los miembros de la clase o sector en cuestión, ha sido suficientemente desmentida por la historia, desde el Manifiesto Comunista hasta nuestros días.
Pero la inviabilidad práctica de los objetivos estratégicos que se plantea la actual dirección ugetista no significa que su actitud no pueda tener importantes consecuencias de carácter político. Podría quebrantar en cierta medida la actual mayoría social y electoral del Gobierno, aunque no fuera en sentido cuantitativo, por desgajar de ella a núcleos que desempeñan un papel importante en la esfera de la producción y en el de la conciencia social. Podría también agudizar las diferencias internas en el partido socialista, aunque por otra parte contribuyera a cohesionar la gran mayoría que dentro de él apoya su actual orientación.
En definitiva, esos posibles efectos del desafío lanzado por UGT al Gobierno y al partido socialista no contribuirían, sino todo lo contrario, a la consecución de los objetivos estratégicos, que parecen ser los de la dirección ugetista (izquierdizar al partido y al Gobierno). En cambio es evidente que pueden facilitar -sobre todo si la dinámica iniciada sigue adelante- los objetivos estratégicos de sus aliados. Los dirigentes más realistas del PCE-CC OO saben que una alternativa de izquierda al PSOE sólo puede ir más allá de la fantasmal ficción que es Izquierda Unida si una determinada fracción de la actual base social del Gobierno y una fracción del propio PSOE aceptan una alianza política con la izquierda comunista. El riesgo de la presente dinámica es que la dirección ugetista, los sectores que la apoyan dentro del aparato sindical, parte de su base social, se vean arrastrados a una opción que inicialmente no entraba en sus cálculos. Si además de la dinámica política tenemos en cuenta que en el plano ideológico se están produciendo aproximaciones en parte ya existentes y en parte fomentadas por dicha dinámica-, la importancia de semejante riesgo no debe minimizarse.
Pero hay otro aspecto de no menor relevancia: aunque CC OO-PCE sacaran algunas ventajas de esta prueba, ¿serían los principales beneficiarios? Hay motivos para pensar que un hipotético quebrantamiento del Gobierno y del partido socialista, dentro del actual contexto político, favorecería ante todo los esfuerzos de reagrupamiento y reconversión ideológica que están haciendo las fuerzas de centro y derecha. Aunque en una escala mucho menor -la situación española es radicalmente distinta-, podría repetirse la desgraciada experiencia de los sindicatos ingleses, que con una estrategia de radicalización clasista contribuyeron a la derrota electoral del Gobierno laborista y al comienzo de la era Thatcher. Aquí, repetimos, tal hipótesis parece impensable. Pero una cierta ayuda objetiva a la revigorización del centro-derecha sí es posible.
Hay algo inexplicable -o sólo explicable por las razones políticas más arriba expuestas- en la estrategia de CC OO-UGT. Desde hace año y medio, como recuerda reiteradamente Felipe González, la oferta de negociación por parte del Gobierno es permanente, y no sólo de tal o cual aspecto parcial, sino del conjunto de la política económico-social. Es más, el Gobierno, apoyandose en el mejoramiento de la economía, ha iniciado en la práctica el giro social que reclamaban los sindicatos. ¿Por qué responder a esos ofrecimientos y a esos hechos con una estrategia de radicalización creciente? A mí me recuerda una vieja táctica del partido al que pertenecí mucho tiempo: hay que agudizar las contradicciones del capitalismo porque así se acelerará su crisis, se favorecerá la toma de conciencia de los explotados y será más fácil desenmascarar a los jefes socialdemócratas traidores, convertidos en gestores de la burguesía. Cuanto peor, mejor.
