Vecinos de Torrelodones piden que comparezca Mangada en el Juzgado de San Lorenzo

Vecinos de Torrelodones han pedido la comparecencia ante los tribunales del consejero de Política Territorial, Eduardo Mangada, y del consejero delegado de Caja Postal, en relación con el conflicto de Los Peñascales. La promotora Tikal, SA, acudirá también a los tribunales en caso que la Comunidad de Madrid ejerza el derecho de retracto sobre los terrenos urbanizables que compró hace dos años dentro del parque regional de la cuenca alta del Manzanares.

Tikal sostiene que el plazo para el ejercicio de tal derecho ha prescrito, ya que el Gobierno regional debía conocer la compra de los terrenos través del Ayuntamiento de Torrelodones, que forma parte del patronato del parque. La promotora, que quería construir unos 500 chalés en tres polígonos en una zona de Torrelodones conocida como Los Peñascales -que además de estar dentro del parque regional, colinda con el monte de El Pardo-, ha mantenido una lucha, apoyada por el Gobierno municipal de Torrelodones, contra los vecinos de la urbanización y contra la Asociación de Vecinos por Torrelodones, que se oponen a la construcción de las viviendas. El alcalde de la localidad, que gobierna en coalición con AP, es el independiente Mario Mingo.La oposición de los vecinos se manifiesta en las denuncias presentadas en el Juzgado número 2 de San Lorenzo de El Escorial contra Mingo por un presunto delito ecológico, contra Tikal por un presunto fraude fiscal y contra la Caja Postal por un presunto delito de prevaricación.

Tikal niega que sea cierto el contenido de una denuncia presentada recientemente en el Juzgado de San Lorenzo de El Escorial por el presidente de la urbanización Montealegre -cercana a Los Peñascales-, en la que se acusa a la promotora de un delito fiscal de más de 145 millones. Un representante de Tikal, Julio Álvarez, niega la veracidad de la fuente por la que los vecinos han llegado a esta cantidad.

El error de los vecinos es, según Álvarez, "el desconocimiento de los denunciantes sobre el tema, ya que una hipoteca no paga IVA sino transmisiones patrimoniales y actos jurídicos". Estas cantidades han sido pagadas, según un expediente de documentos que mostró Álvarez y que ha presentado como prueba en el Juzgado de San Lorenzo de El Escorial, manifestó después.

Hipoteca

El presidente de Montealegre también denunció a la Caja Postal por un presunto delito de prevaricación, ya que la entidad concedió una hipoteca. de 770 millones a Tikal exigiendo en los documentos registrales de compraventa una cláusula suspensiva sobre los terrenos y la omisión -por parte del registrador y del notario- del derecho de tanteo y retracto sobre las fincas por parte de la Comunidad. Álvarez también presentó en el juzgado las letras y las escrituras de los terrenos, pagados con anterioridad, y que hasta el momento no habían sido registrados.La hipoteca, según Álvarez, no está en su poder y se aplica sobre el proyecto de urbanización, no sólo sobre los terrenos como piensan sobre los vecinos. El cobro de la hipoteca se realiza mediante certificación de obras.

El director adjunto de riesgos de la Caja Postal, Agustín Hernaiz, indicó que el crédito concedido a Tikal se ajusta a las condiciones exigidas por la entidad con carácter general.

Los denunciantes han solicitado en el Juzgado de San Lorenzo de El Escorial la comparecencia del consejero de Política Territorial de la Comunidad, Eduardo Mangada; del consejero delegado de la Caja Postal, Baltasar Aymerich, y del presidente de Tikal.

Luis Maestre, director general de Medio Ambiente de la Comunidad, no descarta la posibilidad de ejercer el derecho de retracto.