Chile en venta

El régimen militar chileno acelera estos días la privatización de empresas estatales, pese a la derrota del general Augusto Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre. Es una controvertida venta de temporada, previa a la elección presidencial y del Congreso, prevista para diciembre de 1989. El Gobierno ofrece acciones de sociedades que antes se libraron de las oleadas privatizadoras por su carácter estratégico. La oposición ha criticado las ventas, en su mayoría en favor de transnacionales, por estimar que el Gobierno no respeta la voluntad popular y pide que sean examinadas por el futuro Parlamento.

El Gobierno estudia traspasar al sector privado la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), la Empresa Nacional de Minería (Enami), la Empresa Marítima del Estado y el Metro de Santiago, y ampliará a un 85% la venta de las acciones de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). Además, están en venta Chile Films, un 32,7% de Lan Chile, SA (línea aérea nacional), la Central Hidroeléctrica de Pehuenche, la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag) y el Instituto de Seguros Generales y Vida del Estado. Sin tomar en cuenta las cuatro primeras empresas, el Estado recaudaría, cerca de 500 millones de dólares (unos 60.000 millones de pesetas).Un comunicado de Dinacos, la oficina de prensa del régimen, decía que poco después del plebiscito, "en que todas las miradas se volcaron hacia situaciones coyunturales, la privatización toma nuevos impulsos por disposición del presidente de la República". Desde 1984, cuando la economía chilena comenzó a recuperarse de la recesión de los dos años anteriores, el Estado vendió 13 empresas en forma íntegra, ocho parcialmente y en la actualidad ofrece otras siete.

En total, el Estado ha recaudado en los últimos años 1.200 millones de dólares por las ventas, concentradas en los sectores de energía, comunicaciones, minería y siderurgia. Los adquirentes han sido en su mayoría transnacionales, asociadas con grupos económicos locales. El Bankers Trust, de EE UU, antes desconocido en Chile, tiene ahora participación en la propiedad de 13 empresas; el grupo árabe Bin Mahfouz, en ocho empresas, y el consorcio de seguros Aetna, en otras seis empresas.

Los argumentos del régimen son ahora más precarios que durante otras olas privatizadoras. Después del golpe militar de 1973, el Gobierno decidió .exterminar" la propiedad estatal, acrecentada por la nacionalización, estatalización y ocupación de industrias durante la presidencia de Salvador Allende. En cinco años vendió 259 empresas intervenidas o requisadas y 10 bancos, impulsando un proceso de reconcentración de la propiedad privada. Del apetito de los inversionistas, a quienes se les ofrecieron condiciones muy ventajosas, sólo se salvaron las empresas definidas como "estratégicas", cuyo número disminuye ahora.El proceso sufrió una involución en 1982 y 1983. Para impedir la quiebra en masa de bancos y empresas, el Gobierno tomó el control de los dos mayores grupos económicos (Cruzat-Larrain y Vial), en una operación cuyo impacto fue equivalente -si no superior- al de la intervención de Rumasa. Los técnicos del Gobierno, los llamados Chicago boys por su adhesión a la escuela monetarista del premio Nobel de Economía Milton Friedman, se vieron obligados a ir contra sus principios: para evitar una crisis política, debieron rescatar y tomar el control de bancos y empresas que estaban técnicamente quebrados. Según la oposición, el coste fue de 4.700 millones de dólares (casi medio billón de pesetas).

Capitalismo popular

Pasado el vendaval, la marea privatizadora volvió a avanzar, primero con precauciones y más tarde de forma desinhibida, elevando periódicamente las metas de venta de acciones. El régimen impulsó una diversificación de la propiedad y adoptó controles para evitar una reconcentración del patrimonio. Pero el llamado "capitalismo popular" no tuvo efectos significativos, y aunque 25.000 trabajadores compraron acciones de sus empresas, excepto en un caso, el control de la propiedad quedó en manos de transnacionales o grupos locales.Esta segunda ola de ventas abarcó tanto empresas del área rara (las intervenidas durante la recesión) como otras que eran del Estado a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Líderes de la oposición criticaron estas ventas por su falta de transparencia, y el hecho de que la decisión sólo fuera del Gobierno. Un ex ministro de Hacienda del Gobierno militar, Raúl Sáez, que encabezó el comité de defensa del patrimonio nacional, declaró que "la marea privatizadora no tiene perdón de Dios", y anunció que los traspasos serán revisados en un futuro Gobierno democrático.La crítica más severa apuntó que las ventas sólo tenían sentido "ideológico". Estudios opositores estimaron en más de 500 millones de dólares las pérdidas del Estado por la venta de sus empresas, comparando los ingresos obtenidos con el valor comercial de las acciones. Los sindicatos de empresas estatales formaron un comando para resistir los traspasos y se movilizaron.

La campaña electoral dejó este debate en segundo plano. El régimen no hizo en ese período traspasos de envergadura, y la oposición no quiso comprometerse a fondo en la idea, acariciada por la izquierda, de restituir en un futuro Gobierno estas empresas al Estado. Pero después de su derrota, Pinochet quiere terminar su programa, antes de que un Congreso eventualmente dominado por la oposición pueda evitarlo. En la actualidad, el Gobierno no necesita los recursos extras que reúne con las ventas. El alza del preció del cobre, principal producto chileno de exportación, dará más de 600 millones de dólares de nuevos ingresos durante este año.

El anuncio de que se acelerará la privatización motivó una reacción de rechazo en la oposición, que se siente más fuerte después del triunfo electoral.

El sindicato de la Enap declaró a sus afiliados en "estado de alerta" para impedir la venta. La Democracia Cristiana afirmó que se trata de "escabullir el bulto a las definiciones políticas que los chilenos adopten el próximo año". Para el Partido Socialista (sector Núñez), es "una conducción económica arbitraria que utiliza tácticas de orden militar". Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) estimaron una "afrenta y agravio contra el pueblo" la decisión gubernamental.